Arranque nuclear para la IA: EE. UU. revive tres centrales cerradas
Estados Unidos se dispone a reactivar tres centrales nucleares que ya habían cerrado para cubrir la creciente demanda de electricidad de los centros de datos de inteligencia artificial. Así, el país busca reforzar su posición como superpotencia mundial en el ámbito de la IA, un sector que necesita enormes cantidades de energía estable para realizar sus cálculos.
Según las estimaciones de Los Angeles Times, las tres centrales podrían generar en conjunto unos 2,25 gigavatios de electricidad. Bastaría para abastecer a cerca de dos millones de hogares y empresas. El Departamento de Energía de Estados Unidos está dispuesto a respaldar los proyectos con préstamos federales de hasta 4.400 millones de dólares.
Microsoft y Google ya han firmado acuerdos para comprar electricidad a dos de las centrales. Está previsto que vuelvan a funcionar entre 2027 y 2029. Si los planes salen adelante, serán los primeros reactores nucleares comerciales de Estados Unidos que se pongan de nuevo en marcha después de haber sido clausurados oficialmente. El interés por ellos se ha visto impulsado por la demanda de electricidad fiable y con bajas emisiones de carbono.
La primera en volver a funcionar será la central nuclear de Palisades, en Michigan. Cerró en 2022, nueve años antes de que expirara su licencia, porque su propietario decidió abandonar el negocio nuclear. Los acuerdos de compra de electricidad exigen que la central vuelva a operar en marzo de 2027.
El Crane Clean Energy Center, en Pensilvania, también espera empezar a funcionar en 2027. Para el Duane Arnold Energy Center, en Iowa, el año previsto es 2029.
«La energía nuclear es adecuada para cualquiera que quiera obtener energía sin emisiones de carbono», afirmó Todd Allen, experto en ingeniería nuclear. Según él, el proyecto también encaja con la política de la Administración de Donald Trump, que apoya el desarrollo de la energía nuclear.
En mayo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con un plan para cuadruplicar la capacidad de generación nuclear de Estados Unidos: de unos 100 gigavatios en 2024 a 400 gigavatios en 2050.
Sin embargo, la idea de reactivar las centrales genera controversia. Sus críticos señalan los riesgos de seguridad de unos reactores envejecidos, especialmente en un contexto de creciente tensión geopolítica y amenaza de catástrofes naturales. Los planes prometen mucha energía baja en carbono, pero exigen demostrar de forma convincente que volver a poner en marcha las antiguas centrales no generará nuevos riesgos.
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La carrera tecnológica tiene un motor sorprendentemente anticuado: la electricidad. No se puede descargar con una actualización, convencer con una presentación ni producir solo con la promesa de una «inteligencia artificial que lo cambiará todo». Cuando los centros de cálculo empiezan a exigir energía a escala de ciudades, la conversación sobre el futuro vuelve rápidamente a una cuestión muy material: quién construirá y pondrá en marcha las centrales eléctricas.
El contraste resulta especialmente llamativo: la industria digital vende una imagen de progreso ligero, casi incorpóreo, pero la infraestructura que lo hace posible está hecha de hormigón, cables y reactores. Ahora se recurre a centrales que ya habían cerrado y a fondos federales; es decir, parte del riesgo pasa de los balances de las empresas a los hombros del Estado. Si los beneficios son privados y las consecuencias colectivas, no será una novedad técnica, sino la conocida magia contable.
La energía nuclear tiene una ventaja de peso: puede producir de forma constante grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono. Pero «bajo en carbono» no significa «sin riesgos», y «reactivación» no es un conjuro que rejuvenezca los equipos. Un reactor no se hace más joven porque encuentre un nuevo comprador y un papel vistoso en la estrategia de liderazgo nacional.
El plan de las autoridades suena impresionante: cuadruplicar la capacidad nuclear. Es cómodo vivir dentro de ese tipo de formulaciones: la cifra ya parece una victoria, aunque el camino hasta ella esté lleno de licencias, modernizaciones, inspecciones de seguridad y plazos poco compatibles con el optimismo político. Entre una orden ejecutiva y una central en funcionamiento suele caber toda una vida de papeleo y, a veces, preguntas incómodas.
Las tecnológicas obtienen recursos para expandirse, el Estado, un argumento sobre liderazgo industrial, y la sociedad, la tarea de vigilar quién responde por la seguridad y quién pagará si algo falla. Esto no demuestra que los proyectos estén condenados ni que haya una conspiración secreta detrás. Pero, tratándose de ayudas de miles de millones, conviene no confundir el interés público con el de las empresas que necesitan urgentemente un enchufe del tamaño de todo un sistema eléctrico.
En definitiva, el debate no se reduce a elegir entre el progreso y el miedo a lo nuclear. Trata de cómo se distribuyen los beneficios y los riesgos: si la IA genera ganancias para unas pocas corporaciones mientras el Estado financia la infraestructura y asume parte de la responsabilidad, la sociedad tiene derecho a exigir cuentas transparentes y una supervisión rigurosa. De lo contrario, la «energía del futuro» puede acabar siendo la vieja factura de siempre, que vuelven a pasar a todo el mundo menos a quienes encargaron los cálculos.
