Los centros de datos desplazan a las ciudades: condados de EE. UU. intentan poner en pausa los campus de servidores
Los condados y las ciudades estadounidenses intentan frenar la construcción de grandes centros de datos, instalaciones que albergan servidores de servicios en la nube y plataformas digitales. Solo durante las dos primeras semanas de septiembre de 2026, las autoridades de dos estados dieron tres pasos contra nuevos proyectos. Aunque, por ahora, esto se parece más a un intento de añadir normas a toda prisa que a una campaña bien planificada.
El condado de Pima, en Arizona, impuso el 22 de septiembre una pausa de 120 días a la construcción de nuevos centros de datos en zonas no incorporadas, es decir, fuera de los municipios. La decisión se aprobó por 3 votos contra 2. Sin embargo, la moratoria no afecta a dos proyectos ya iniciados: Project Blue y Project Gravel. Una semana después, el Goldwater Institute afirmó que la medida era ilegal y envió al condado una petición para que la revocara.
El condado de Guilford, en Carolina del Norte, aún no ha suspendido nada. El 17 de septiembre, la comisión acordó por unanimidad convocar para el 15 de octubre una audiencia pública sobre una moratoria temporal de hasta 180 días. Primero hay que redactar el documento, debatirlo y, posiblemente, aprobarlo. También hay un detalle cómico: por ahora no hay nada que suspender. La directora de planificación, Leslie Bell, informó de que en las zonas no incorporadas del condado no hay solicitudes de permisos ni otras consultas relacionadas con nuevos centros de datos. Parece que las autoridades están reforzando de antemano sus defensas frente a futuros litigios. Según Bell, más de 18 ciudades y localidades de Carolina del Norte ya promueven moratorias similares.
Charlotte fue más allá. El 8 de junio, el ayuntamiento detuvo por unanimidad, con 11 votos a favor y ninguno en contra, los nuevos proyectos durante 150 días. El 28 de septiembre, el consejo convocó para el 12 de octubre una audiencia sobre la prórroga de la pausa durante otros 11 meses, hasta el 11 de octubre de 2027. La concejala Dimple Ajmera calificó la decisión como una de las más importantes para la ciudad.
Pero la normativa urbanística de Charlotte tiene una laguna: los centros de datos están permitidos en ocho zonas sin necesidad de una aprobación específica del consejo. Los concejales llevan hablando del problema al menos desde 2023, pero la revisión de las normas todavía no ha dado con una solución clara. En septiembre, la subdirectora municipal Alyson Craig reconoció que aún no existe una vía clara para modificar la normativa municipal.
A primera vista, los condados tienen motivos distintos. En realidad, las autoridades intentan cerrar la misma laguna normativa mientras crece el interés de los hiperescaladores —grandes operadores de infraestructura en la nube— por la tierra barata, la electricidad disponible y el agua. A veces basta con que coincidan favorablemente los tres factores para que un barrio tranquilo se convierta de repente en candidato a albergar una metrópolis de servidores.
Los centros de datos tienen ventajas económicas: pueden aportar una base imponible considerable y aumentar el consumo de electricidad y agua. Pero crean pocos puestos de trabajo permanentes. A los residentes les preocupa que los proyectos eleven las facturas de la luz y limiten el acceso al agua. Como resultado, las autoridades locales intentan atraer inversiones, no sobrecargar las infraestructuras y evitar una demanda judicial, todo a la vez. El Goldwater Institute ya ha demostrado que la tercera parte de este paquete es perfectamente real.
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Un centro de datos tiene la cara amable de una base imponible y el apetito de una industria: necesita tierra, electricidad y agua, y a los vecinos solo les queda esperar que nada de eso aparezca en sus facturas. Los puestos de trabajo se prometen en futuro, el tiempo verbal favorito de las presentaciones de inversión. Los gastos en infraestructuras, en cambio, saben hacerse notar en presente.
Los condados recurren a las moratorias cuando descubren que las viejas normas abrieron de par en par las puertas de la casa, pero olvidaron preguntar quién repararía la carretera y repartiría el agua. Las autoridades llaman prudencia a la pausa; el inversor ve incertidumbre jurídica, y los vecinos, una oportunidad poco habitual de que al menos los escuchen antes de echar los cimientos. La regulación se activó con retraso, pero con toda la expresión de alarma puesta.
Y entonces aparece en escena una demanda: un recordatorio de que el capital tiene abogados, mientras que el condado tiene reuniones y una convocatoria para el mes que viene. Los políticos quieren atraer a las grandes empresas y, al mismo tiempo, no responder por las consecuencias de su apetito. Así nace una nueva forma de gobierno local: no decide qué será del barrio, sino que negocia el derecho a aplazar la decisión hasta que alguien pase la factura. Pura coincidencia: los beneficios de la construcción se prometen a todos, pero los riesgos se reparten por direcciones.
