
California introduce nuevas normas para los vehículos autónomos. El gobernador del estado, Gavin Newsom, ha firmado la ley SB 1246, que contempla multas cuantiosas para los operadores de vehículos autónomos —entre ellos Waymo y Tesla— si sus coches obstaculizan durante más de 30 minutos el trabajo de los servicios de emergencia.
Se trata de situaciones en las que un robotaxi bloquea el paso a los bomberos, las ambulancias, la policía u otros equipos que acuden a una emergencia. Hasta ahora, un vehículo autónomo podía comportarse como un participante del tráfico especialmente obstinado: detenerse, perder la conexión y dejar que las personas se encargaran de despejar el paso.
La nueva ley establece requisitos comunes para los operadores de vehículos sin conductor y los servicios de emergencia de todo el estado. Las empresas deberán garantizar la comunicación bidireccional con los servicios de emergencia, contratar a técnicos locales para intervenir cuando los vehículos se queden atascados o no respondan, y actualizar los protocolos de gestión de sus flotas.
«California da la bienvenida a los vehículos autónomos, pero no puede aceptar la innovación a costa de la seguridad pública», declaró el autor de la ley, el senador estatal Dave Cortese.
El mercado de los viajes autónomos en Estados Unidos crece rápidamente. Waymo ha anunciado recientemente que sus vehículos realizan más de 500.000 viajes a la semana. La flota de la empresa supera los 4.000 coches y opera en 15 ciudades; la mayoría se encuentran en California.
Tesla puso en marcha recientemente el servicio Cybercab en Texas y después amplió sus operaciones. Este se suma a la flota ya existente de vehículos Model Y y «Robovan», desplegados en siete áreas metropolitanas. Tesla no revela el tamaño actual exacto de su flota.
Sin embargo, el crecimiento del sector viene acompañado de problemas. Los taxis autónomos ya han protagonizado historias virales: han dejado pasajeros tirados en mitad del trayecto, han provocado atascos de grandes dimensiones y un coche incluso acabó junto a un peligroso espectáculo con fuegos artificiales.
Los reguladores federales también siguen de cerca los robotaxis. En julio, el congresista californiano Kevin Mullin presentó el proyecto de ley House AV Emergency Response Coordination Act. El texto pretende establecer normas nacionales de seguridad para los vehículos autónomos y reglas para coordinarse con los servicios de emergencia.
En su declaración, Mullin citó incidentes ocurridos en Austin, Phoenix, Las Vegas, Dallas y San Francisco. Según las denuncias, los robotaxis bloquearon vehículos de los servicios de emergencia, invadieron perímetros de escenas del crimen y no reconocieron situaciones de emergencia.
El proyecto de ley llegó después de una investigación de TechCrunch. Los periodistas descubrieron que con frecuencia se pedía a los servicios de emergencia que condujeran manualmente vehículos de Waymo durante operaciones rutinarias y situaciones de emergencia. En un caso, tuvieron que retirar un coche que bloqueaba una ruta de evacuación durante un incendio forestal.
Unos meses después, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) instó a los fabricantes de automóviles a corregir un peligroso «patrón»: los vehículos autónomos habían interferido repetidamente en el trabajo de los servicios que acudían a una llamada. Ahora California ha decidido añadir un argumento económico a las advertencias: a veces se entiende mejor que cualquier discurso sobre seguridad.
Los robotaxis se venden como el transporte del futuro, en el que las personas ya no tienen que intervenir en las rutinas del tráfico. Luego el coche estorba a quienes van a salvar vidas y, de repente, el futuro pide a una persona que se acerque, resuelva el problema y despeje el paso a mano; a ser posible, sin pasar aparte la factura por el trabajo.
A la industria le encanta la palabra «autonomía», porque queda estupendamente en una presentación y describe bastante mal el momento en que el vehículo pierde la conexión o no entiende que tiene delante una emergencia. Mientras todo sigue la ruta prevista, la tecnología parece independiente; cuando algo falla, esa independencia termina discretamente en el teléfono del empleado del servicio más cercano.
Las nuevas multas incorporan a la historia un lenguaje que las empresas entienden sin necesidad de traducción desde el idioma de la seguridad pública: los costes. Se puede hablar largo y tendido de protocolos, fiabilidad y responsabilidad, pero cualquier debate acaba siendo mucho más concreto cuando la inacción empieza a costar dinero.
Por supuesto, la mera existencia de una sanción no demuestra que el coche vaya a aprender de repente a tomar las decisiones correctas. El operador puede pagar la multa, retocar las instrucciones y seguir ampliando la flota; así que la cuestión principal es si salir de un atolladero de forma segura formará parte del diseño o seguirá siendo otra obligación sobre el papel.
Mientras unas empresas cuentan viajes y ciudades, los servicios de emergencia reciben un complemento laboral muy peculiar: hacer de asistencia en carretera para coches que supuestamente iban a reducir la intervención humana. Así es la innovación cuando el ahorro en conductores se compensa temporalmente con el tiempo de otras personas.
La ley alcanza a la tecnología con el retraso de siempre, después de historias que era cómodo considerar fallos aislados. Ahora los operadores tienen motivos para tratarlas como costes sistémicos. Queda por ver cuánto tardará la preocupación por las personas en pasar de la formulación jurídica al vehículo que circula por la carretera.