Sanders declara la guerra a las cámaras de Flock

El senador Bernie Sanders ha propuesto prohibir a las agencias federales de Estados Unidos el uso de Flock y otros lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés). Son sistemas de cámaras que reconocen las matrículas, registran datos asociados a ellas y permiten a las fuerzas del orden reconstruir los desplazamientos de los vehículos.

El viernes, el senador demócrata por Vermont presentó en el Congreso el proyecto de ley The Ban Flock Act. El texto prohíbe a las agencias federales utilizar ALPR. Los estados y municipios que usen esta tecnología podrían perder el acceso a la financiación federal.

La congresista demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y el senador demócrata por Oregón Jeff Merkley se sumaron a la iniciativa como coautores.

Sanders afirmó que, en un contexto de creciente preocupación por el uso incontrolado de la inteligencia artificial, Flock está destruyendo la propia idea de privacidad. Según él, la empresa instala decenas de miles de cámaras en comunidades estadounidenses sin el consentimiento de sus residentes.

El senador sostiene que las cámaras pueden rastrear con detalle los movimientos de las personas: por ejemplo, registrar una visita al médico o el trayecto de unos padres al colegio para recoger a sus hijos. «Flock siempre está vigilando», dijo Sanders.

Un incidente con unos hackers que supuestamente accedieron a una cámara de tráfico de Flock da una idea de la escala del sistema. En sus registros, según se afirma, encontraron datos de unas tres semanas: la cámara había fotografiado más de 50.000 vehículos y generado 1,6 millones de imágenes.

Según Sanders, Flock es el mayor proveedor de ALPR de Estados Unidos. La empresa ha instalado más de 120.000 cámaras en todo el país y, supuestamente, sus sistemas registran 20.000 millones de vehículos al mes.

El senador también afirmó que Flock compartió datos de los estados con las autoridades federales de inmigración. Además, al parecer, las fuerzas del orden utilizaron información del sistema en investigaciones sobre activistas que apoyan los derechos de los palestinos y participantes en las manifestaciones «No Kings».

La red de cámaras pertenece a propietarios privados y está gestionada por operadores privados, pero los datos se agrupan en una base de datos nacional. En los últimos meses ha suscitado inquietud entre representantes de ambos partidos. Las críticas no se limitan a la vigilancia masiva: también señalan las coincidencias erróneas, la colaboración con los servicios federales de inmigración y el seguimiento de mujeres que viajan a otro estado para abortar.

Además de prohibir el uso de ALPR por parte de organismos federales, el proyecto permitiría a los estadounidenses demandar al Gobierno federal si el uso de la tecnología vulnera sus derechos. Chance Townsend ha recopilado más información.