Cámaras bajo vigilancia
El senador estadounidense Josh Hawley, de Misuri, ha iniciado una investigación sobre las actividades de Flock Safety, fabricante de cámaras con inteligencia artificial capaces de reconocer y registrar automáticamente las matrículas.
El sistema de Flock se ha extendido ampliamente por Estados Unidos: la empresa ha instalado más de 120.000 cámaras en 49 estados. Los dispositivos escanean vehículos y la información recopilada acaba en una base de datos nacional a la que tienen acceso los clientes de Flock. Según Hawley, las cámaras realizan más de 20.000 millones de escaneos de vehículos al mes. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas cuyos coches aparecen en esos registros no han cometido ninguna infracción.
La expansión del sistema ya ha provocado el rechazo de muchos estadounidenses. En algunos casos, activistas contrarios al reconocimiento automatizado de matrículas han destruido cámaras. Ahora la empresa tendrá que responder no solo ante la opinión pública, sino también ante el Senado de Estados Unidos.
En una carta a Flock Safety, Hawley exigió documentos sobre las normas de conservación y uso de los datos, así como información sobre casos de abuso. El senador mencionó situaciones en las que agentes de policía utilizaron la base de datos para acosar a personas, en vez de investigar delitos; por ejemplo, para vigilar a conocidos u otros particulares.
Otra de sus objeciones tiene que ver con los errores del sistema. A veces, las cámaras y los algoritmos identifican mal los vehículos, con graves consecuencias para las personas afectadas.
Hawley citó un caso de Florida: una mujer pasó 13 días en prisión y fue acusada de ocho delitos graves, entre ellos tres cargos de homicidio involuntario con un vehículo. Los investigadores la detuvieron después de buscar en la red de Flock un vehículo que coincidiera con una descripción. Siete meses después retiraron los cargos: las fuerzas del orden detectaron el error y arrestaron a otra persona.
En una unidad policial de California, el 71 % de las alertas del sistema resultaron ser erróneas. En Los Ángeles, la policía puso fin a su contrato con Flock tras una auditoría: en dos meses, los agentes detuvieron 161 vehículos que el sistema había señalado por error como robados.
El senador también pidió explicaciones sobre el tratamiento que la empresa da a la información recopilada. Flock está valorada en 8.300 millones de dólares, y Hawley considera que la búsqueda de nuevas aplicaciones comerciales para esos datos aumenta los riesgos para la privacidad de los estadounidenses. Exige un informe completo sobre cómo se almacenan y se venden los datos de los conductores.
En concreto, Flock debe responder qué clientes pueden buscar datos en todo un estado o en todo el país, durante cuánto tiempo se conservan los registros, cuántas veces se ha utilizado el sistema de forma indebida y si la propia empresa ha detectado esos casos. El senador quiere saber qué justificación debe aportar un usuario antes de buscar información sobre el coche de otra persona, qué límites se aplican a las consultas y si es posible eludirlos.
Además, Hawley ha solicitado información sobre la precisión del reconocimiento, los métodos de recopilación —fotografías, vídeos, grabaciones de audio y señales inalámbricas— y la posible transmisión de datos a fuentes externas, como intermediarios de datos. También ha preguntado si se exige autenticación multifactor para buscar matrículas y, si todavía no, cuándo se implantará.
Por último, el senador exigió una descripción detallada de la capacidad del sistema de Flock para rastrear biométricamente a las personas. La empresa debe responder a todas las preguntas antes del 8 de septiembre.
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El senador estadounidense Josh Hawley, de Misuri, ha iniciado una investigación sobre Flock Safety, fabricante de cámaras que reconocen matrículas automáticamente. En Estados Unidos hay más de 120.000 cámaras de este tipo repartidas por 49 estados y el sistema escanea más de 20.000 millones de vehículos al mes. Los clientes de Flock pueden consultar los datos recopilados en una base nacional. La mayoría de las personas que aparecen en esos registros no han cometido ninguna infracción.
La expansión de las cámaras ha provocado rechazo público: algunos activistas han destruido dispositivos. El senador afirma que la base de datos de Flock ya se ha utilizado indebidamente. En concreto, algunos agentes la consultaron para acosar a personas, en lugar de investigar delitos.
Hawley también señaló graves errores del sistema. En Florida, una mujer pasó 13 días en prisión y fue acusada de ocho delitos graves, incluidos tres cargos de homicidio involuntario con un vehículo. La investigación la relacionó por error con un coche a partir de una búsqueda en la red de Flock basada en su descripción. Siete meses después retiraron los cargos y las fuerzas del orden arrestaron a otra persona.
En una unidad policial de California, el 71 % de las alertas de Flock eran erróneas. La policía de Los Ángeles rompió su relación con la empresa tras una auditoría que reveló que, en dos meses, los agentes habían detenido 161 vehículos que el sistema había marcado por error como robados.
Hawley exigió explicaciones sobre quién puede hacer búsquedas de ámbito estatal o nacional, cuánto tiempo se conservan los registros y cuántos casos de uso indebido se han producido. También quiere saber si Flock detecta por su cuenta esas infracciones, qué justificación se exige para buscar el coche de otra persona, qué límites se aplican y si se pueden eludir.
El senador pidió además información sobre la precisión de las cámaras y los métodos de recopilación: fotografías, vídeos, audio y señales inalámbricas. Pregunta si Flock ha cruzado los datos con fuentes externas, como intermediarios de datos, y si se exige autenticación multifactor para las búsquedas de vehículos. También reclama una descripción de la capacidad de rastrear biométricamente a las personas.
Flock está valorada en 8.300 millones de dólares. El senador considera que la búsqueda de nuevos usos comerciales para los datos crea riesgos adicionales para la privacidad. La empresa debe responder antes del 8 de septiembre.
