Flock anuncia reformas tras el escándalo de la vigilancia masiva

Flock Safety, empresa especializada en videovigilancia y lectura de matrículas, ha decidido introducir cambios de calado en su política de tratamiento de datos personales. El detonante ha sido el fuerte aumento del descontento en todo el país: miles de personas e incluso ciudades enteras se han pronunciado contra la proliferación de cámaras que convierten las calles en un espacio de control total.

Ante la creciente oleada de críticas, Garrett Langley, director ejecutivo de Flock, salió a convencer a la opinión pública a través de los medios. Aseguró que la empresa no es otro «Gran Hermano» distópico, sino una defensora del orden y la seguridad. Pero la confianza escasea: si algo parece vigilancia total y funciona como vigilancia total, las dudas no hacen más que aumentar.

Estos son los principales cambios: el plazo predeterminado para conservar los datos de circulación de vehículos pasa de 30 días a siete. Hasta ahora, la información de cada vehículo que pasaba se guardaba durante un mes y podía utilizarse para rastrear sus movimientos. Eso sí, las autoridades locales todavía pueden modificar esos plazos a su antojo —alargarlos o acortarlos— siempre que la ley no lo prohíba. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), por ejemplo, recomendaba no conservar la información más de 48 horas.

A partir de ahora, para consultar la base de datos de Flock la policía tendrá que indicar un número de expediente vinculado a un presunto delito. Antes, el requisito era meramente formal y voluntario, lo que permitía a algunos agentes utilizar el sistema para vigilar a personas sin más; se han destapado casos de acoso y persecución. Todos los paquetes de Flock incluirán ahora «Audit Assistance», una herramienta que detecta automáticamente las consultas sospechosas.

Otra novedad es la función «Offense filtering for sharing». Ahora las ciudades pueden restringir el acceso de otras entidades a los datos de sus residentes e indicar por qué tipos de infracción se puede solicitar la información.

Claro que también aquí hay resquicios. Cada municipio sigue siendo libre de decidir cuánto tiempo conserva los datos de sus residentes, todo bajo el pretexto decoroso de una «estrategia de seguridad».

Al mismo tiempo, Flock ha anunciado «Evidence Mode»: con esta función, la policía puede saltarse los límites habituales de conservación y mantener la información en el sistema indefinidamente si considera que constituye una prueba en un caso. Los defensores de los derechos humanos ven motivos de preocupación: si solo se activa para pruebas reales, será un paso adelante; si cualquier información entra en esa categoría, el plazo de conservación se vuelve eterno.

No todos los expertos creen que las nuevas medidas vayan a servir de mucho: la implantación masiva de estos sistemas entraña riesgos para la intimidad, al margen de las restricciones formales. Las campañas de sabotaje contra las cámaras de Flock cobran fuerza: las destrozan, las tapan y, sin más, las roban. Algunas ciudades rescinden sus contratos; otras debaten si deben seguir trabajando con la empresa.

Flock cuenta actualmente con más de 120.000 cámaras en 6.000 comunidades: las utilizan centros empresariales, cuerpos policiales e incluso comunidades de propietarios. Hace ya varios años que los expertos en privacidad y los activistas por los derechos civiles vienen advirtiendo de que las cámaras automáticas de lectura de matrículas (ALPR) recopilan información sobre los desplazamientos de las personas, la conservan durante un tiempo indeterminado y permiten acceder a ella a distintas instituciones mucho antes de que se cometa un delito. La revolución de la vigilancia ya ha ocurrido; simplemente tardamos en darnos cuenta.