Una valla alrededor del agujero

El precio de la responsabilidad de las grandes tecnológicas

El acuerdo de Meta por 17.000 millones de dólares parece una valla alta alrededor de un agujero de kilómetro y medio de profundidad en un parque infantil. Los niños tendrán menos probabilidades de caerse de camino a los columpios, pero el agujero seguirá ahí.

Las victorias plenas en la lucha por la seguridad infantil en internet son escasas. Las familias suelen obtener resultados de compromiso: un acuerdo en vez de una sentencia, una función que la empresa no activa por defecto o una indemnización que para una corporación apenas es un redondeo en el informe anual. Aun así, esas victorias importan. Pero tienen un precio: como los acuerdos pueden cuestionarse, quienes defienden a los menores tienen que demostrar una y otra vez, en público, que sirven de algo.

La autora del artículo observó ese precio junto a un tribunal federal de Oakland. Los padres de niños fallecidos —Lori Schott, Shannon Heacock, Erin Popolo, Julianna Arnold, Mary Rodee, Victoria Hinks y Paul Hinks— volvieron a contar el peor momento de sus vidas ante una pared de cámaras de televisión. A su lado había jóvenes que no tenían por qué estar allí, pero que acudieron para apoyar a las familias.

Ese trabajo no aparece en la cifra del acuerdo. No hay una partida por tener que revivir la muerte de un hijo ante un público de desconocidos. Los medios suelen escribir «Meta llega a un acuerdo», no «esto es lo que la gente tuvo que soportar para que Meta aceptara».

La autora, que en el pasado ha comparecido ante las cámaras, señala que la exposición pública nunca sale gratis. El padre o la madre que vuelve a hablar de la muerte de su hijo, o el joven que sostiene una foto de alguien fallecido en vez de ocuparse de su propia vida, paga un coste personal que ningún acuerdo compensará jamás.

Los 17.000 millones incluyen sistemas de verificación de edad y auditores independientes. Pero no contemplan el coste del trauma emocional de los padres, obligados a regresar a la tragedia por unos segundos de cobertura televisiva.

A juicio de la autora, una solución duradera debe cambiar no solo el relato público, sino también el propio modelo de negocio de las plataformas. En California, la ley AB 1709, presentada por el asambleísta Josh Lowenthal y firmada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de septiembre, prohíbe a las empresas introducir funciones adictivas para usuarios menores de 16 años. No prohíbe contenidos, sino que limita el diseño: la plataforma puede funcionar como hasta ahora para los adultos, pero no debe ofrecer a un niño de 12 años el mismo producto optimizado para maximizar la interacción.

El proyecto de ley AB 2, también presentado por Lowenthal, establece que las grandes plataformas pueden ser responsables de hasta un millón de dólares por cada menor perjudicado o de hasta el triple de los daños reales si una negligencia ordinaria en el diseño del producto causa daño a un menor. A diferencia de una suma única pactada en un acuerdo, esa responsabilidad aumenta con cada nuevo afectado y se aplica por separado a cada caso.

En conjunto, estas medidas cambian los incentivos antes de que se produzca el daño, en vez de pagar sus consecuencias años después. El acuerdo con Meta prevé diez años de supervisión, que terminarán y darán paso a nuevas negociaciones con la empresa. La AB 1709 no propone cumplir las normas solo hasta que venza un plazo: elimina para siempre la posibilidad de usar con menores el modelo anterior.

Mientras los padres hablaban en Sacramento, los grupos de presión de Meta buscaban excepciones. Según Politico, la empresa propuso al presidente de la comisión judicial del Senado estatal, Tom Umberg, una redacción que permitiría a las plataformas quedar completamente exentas de la AB 2. El año pasado, Meta gastó 4,6 millones de dólares en presión política en California —más que cualquier otro año desde que empezó a operar en el estado en 2010— y creó un nuevo comité político para apoyar a candidatos favorables a una regulación tecnológica más laxa.

La valla está construida, pero el agujero sigue ahí. Quienes continúan señalándolo a costa suya merecen algo más que otro bonito apósito: cambios capaces de frenar un modelo de negocio basado en funciones adictivas. Este artículo refleja la opinión de su autora. Lennon Torres fue participante de Dance Moms, es activista trans y se graduó en la University of Southern California; trabaja en Heat Initiative por la seguridad de niños y adolescentes en internet.