
Los funcionarios estadounidenses se han visto atrapados entre las grandes empresas que construyen centros de datos para la inteligencia artificial y los habitantes de las zonas rurales. Los proyectos de IA intensifican la competencia por la tierra y los recursos, y en algunos lugares el debate sobre las nuevas instalaciones ya viene acompañado de amenazas de muerte.
Los promotores necesitan grandes terrenos con una conexión fiable a la red eléctrica. Los residentes temen que los centros de datos disparen el consumo de electricidad y agua, sobrecarguen las carreteras y otros servicios públicos y, además, encarezcan la vivienda.
En Saline Township, Michigan, varios funcionarios recibieron amenazas después de apoyar un gran proyecto de centro de datos vinculado a Oracle y OpenAI. Kelly Marion, secretaria municipal, contó que los mensajes se volvieron tan duros que una disputa urbanística corriente pasó a ser una cuestión de seguridad personal: «Tenemos muchos mensajes grabados deseándonos la muerte».
Se han producido casos parecidos en otros estados. En el condado de Box Elder, Utah, el comisionado Lee Perry declaró que él y dos compañeros recibieron amenazas tras aprobar resoluciones sobre el desarrollo de la zona. En Marshall, Michigan, se advirtió a miembros del ayuntamiento de que podían ser asesinados después de imponer restricciones a nuevos proyectos. En Salix, Iowa, se aplazó una votación sobre una promoción urbanística tras unas publicaciones en redes sociales que llevaron a las autoridades a evaluar los posibles riesgos.
A causa de las amenazas, algunos consejos municipales trasladan sus reuniones o limitan la participación del público. Mientras tanto, en todo el país se están adoptando cientos de medidas locales que dificultan la construcción de centros de datos.
El conflicto no se limita a la seguridad. Las empresas compiten con agricultores y otros propietarios por los terrenos adecuados. Según la consultora comercial Avison Young, en el primer semestre de 2026 las compras de terrenos para centros de datos alcanzaron unos 6.000 millones de dólares, un 79 % más que el año anterior. Estos proyectos representaron el 27 % de los terrenos urbanizables de Estados Unidos.
En Texas, el comisionado de Agricultura, Sid Miller, afirmó que los promotores a veces ofrecen a los agricultores precios muy superiores al valor agrícola de sus tierras. Según él, algunas ofertas llegan a multiplicar por diez la tasación: cuando empezaron a aparecer los centros de datos, los agricultores apenas sabían de qué se trataba, pero pronto quedó claro que los proyectos se quedaban con las mejores tierras de cultivo. En el norte de Virginia, según se informa, los terrenos con acceso fiable a la red eléctrica cuestan millones de dólares por acre.
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas advirtió de que las empresas que construyen centros de datos pueden superar las ofertas de los promotores inmobiliarios residenciales, ya que cuentan con otros recursos financieros. Los analistas de inversión también consideran que la resistencia política supone un riesgo para la futura expansión del sector.
Para los residentes de las zonas donde se planean estas instalaciones, la pregunta sigue siendo la misma: ¿justifican los puestos de trabajo y las inversiones el precio de la escasez de tierra, agua y electricidad?
Cuando una gran obra llega a una zona rural, la palabra «desarrollo» suele llegar antes que el proyecto. Suena a promesa de un futuro en el que la electricidad, el agua, las carreteras y la tierra aparecerán por arte de magia, a ser posible sin largas conversaciones con quienes ya las utilizan. El inversor tiene cálculos y plazos; los vecinos, la costumbre de darse cuenta de cuándo la promesa empieza a ocuparles el patio.
A un centro de datos le gusta parecer inmaterial: la nube, la inteligencia artificial, la potencia de cálculo. Pero la nube necesita tierra bajo los pies y recursos de la red local. Cuanto más abstracto es el producto, más fácil resulta no mostrar en la presentación publicitaria quién tendrá que compartir con él el agua, la electricidad y las vías de acceso.
Las ofertas elevadas por los terrenos cambian la conversación más deprisa que cualquier cartel de campaña. La tierra que ayer formaba parte de una explotación hoy se convierte en un activo con un precio capaz de hacer cambiar de opinión al propietario y de llevar a los vecinos a pensar que otros ya han decidido por ellos. El mercado lo llama asignación eficiente; luego los vecinos averiguan a quién le ha tocado la eficiencia.
Que amenacen de muerte a un funcionario no resulta menos repugnante porque la disputa sea urbanística. Cuando el debate público llega a las amenazas, todos salen perdiendo: la gente deja de escucharse y las empresas encuentran una excusa conveniente para hablar ante todo de la seguridad de las reuniones, y no del coste del proyecto para la zona.
En esta historia destaca especialmente el desequilibrio de fuerzas. Las corporaciones tienen capital para superar las ofertas y esperar con paciencia a que se concedan los permisos; los pequeños municipios disponen de recursos limitados y sus decisiones se convierten de pronto en un riesgo personal para quienes las toman. En teoría, votan los vecinos, pero el terreno de negociación está inclinado de antemano a favor de quien puede calificar cualquier retraso de provisional.
Los empleos y las inversiones pueden ser reales, pero por sí solos no responden a la pregunta de quién paga la escasez de tierra, agua y electricidad. Ahí está el terreno ideal para las relaciones públicas corporativas: presentar la elección como «a favor del futuro» o «en contra del progreso» y dejar la factura de las infraestructuras en la carpeta de al lado. Si el futuro es verdaderamente de todos, debería soportar no solo una presentación, sino también las preguntas de quienes tienen que ceder su lugar.