El Servicio Postal de EE. UU. y unas elecciones «perfectas»

Un informante del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha advertido al Congreso de que el nuevo sistema de verificación del voto por correo podría ponerse en marcha sin estar preparado y provocar el rechazo masivo de votos válidos antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La denuncia anónima se presentó el 30 de agosto en la oficina del senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, a través de Whistleblower Aid, una organización jurídica sin ánimo de lucro. El autor del documento es un funcionario federal familiarizado con el proyecto desde dentro. Según afirma, la dirección del USPS insistió en ponerlo en marcha el 1 de septiembre, pese a que los empleados advertían de que el software no se había desarrollado ni probado lo suficiente. El informante sostiene que, en algunos casos, el desarrollo continuó incluso después de que un tribunal federal ordenara detener los trabajos.

El proyecto nació para cumplir la orden ejecutiva de Donald Trump del 31 de marzo. El documento encargó al USPS elaborar nuevas normas para tramitar las papeletas enviadas por correo y las papeletas de voto ausente. La Casa Blanca afirma que quiere asegurarse de que solo reciban papeletas los votantes inscritos y que los estados que no cumplan los requisitos podrían perder financiación federal. Sin embargo, la Constitución de Estados Unidos deja en manos de los estados el control de los procedimientos electorales, incluido el registro y seguimiento de las papeletas enviadas por correo.

El USPS publicó el borrador de las normas en junio y la versión definitiva el 26 de agosto. Por primera vez, el Servicio Postal ha asumido una especie de papel de «filtro»: puede negarse a tramitar lotes de papeletas que las autoridades estatales ya han preparado y aprobado.

El nuevo sistema se llama Federal Ballot Mail Portal. Consta de tres etapas. Primero, los funcionarios estatales cargan la lista de votantes inscritos a quienes se enviarán papeletas, junto con los códigos de barras únicos. Después presentan por separado un manifiesto, es decir, un inventario del lote concreto de envíos. El sistema compara los códigos de barras del inventario con los datos del portal. Por último, los empleados del USPS escanean una muestra de las papeletas físicas en una oficina postal.

La principal objeción es la política de tolerancia cero. Si un solo código de barras no coincide o no se puede leer, el USPS rechaza el lote entero, según el informante. En teoría, en un lote de 10.000 papeletas basta un solo error —por ejemplo, que un votante haya cambiado recientemente de apellido o de domicilio— para que haya que retirar las otras 9.999, corregir los datos y volver a presentarlas.

Los errores de escaneo no son precisamente ciencia ficción: la denuncia cita una auditoría de 2017 del inspector del USPS, según la cual uno de los problemas de los escáneres de seguimiento de paquetes daba lugar a aproximadamente un resultado erróneo por cada 20 escaneos. Incluso una proporción menor de errores al verificar papeletas podría afectar a un número considerable de votos válidos.

Tampoco está claro cómo se puede recurrir. Las normas prometen informar sobre los «procedimientos de escalado», pero no explican cómo aplicarlos. Un votante podría enterarse del problema cuando ya haya vencido el plazo para recibir una nueva papeleta o votar en persona.

Según la denuncia, el trabajo a fondo en el portal no empezó hasta aproximadamente mediados de junio de 2026 y se dejaron unos dos meses y medio para ponerlo en marcha. Un proyecto de este tipo suele durar entre nueve meses y un año. El sistema solo se pudo montar por completo en un entorno de pruebas durante la semana del 24 de agosto, unos cuatro días laborables antes de la fecha prevista para su lanzamiento.

Blumenthal exigió al USPS que respondiera antes del 4 de septiembre si se habían detenido los trabajos por orden judicial, quién autorizó que continuaran y si se habían realizado pruebas para detectar rechazos erróneos. El senador pidió los documentos internos antes del 8 de septiembre. El USPS aún no ha respondido públicamente a las acusaciones concretas.

El sistema es solo una de las vías que tiene la Administración para cambiar las reglas del voto por correo antes de las elecciones de noviembre. El 24 de agosto, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo permitió que la Administración siguiera trabajando en la orden ejecutiva, sin pronunciarse sobre su legalidad: los jueces consideraron prematura la demanda porque las normas aún no estaban aprobadas definitivamente.

Mientras tanto, los republicanos del Senado intentaron sin éxito impulsar una versión reducida de la SAVE America Act. El proyecto exigía identificarse con un documento con fotografía para votar; la versión original también contemplaba acreditar la ciudadanía al inscribirse y establecer restricciones más amplias al voto por correo. La medida fracasó al menos seis veces este año, pero los líderes del Partido Republicano prometen volver a presentarla cuando se reanude la actividad del Senado.

La conclusión es sencilla: incluso sin aprobar una nueva ley, la Administración dispone de instrumentos jurídicos y administrativos capaces de cambiar en otoño la tramitación y el recuento de millones de papeletas enviadas por correo.