
Un estudio reciente publicado en la revista Public Opinion Quarterly ha arrojado luz sobre una cuestión bastante espinosa: si se obliga a la gente a ir a votar, ¿se volverá más patriota y apreciará más la democracia? Spoiler: no. Los investigadores concluyeron que, si se eliminan las multas por no acudir a las urnas, la participación cae en picado, pero el entusiasmo de la ciudadanía por los debates políticos y su amor por la democracia siguen en el mismo nivel, bastante mediocre.
El voto obligatorio existe en unos 25 países. Allí, si no vas a las urnas, te ponen una multa u otra sanción. Quienes defienden la idea aseguran que las masas de votantes empujadas a los colegios electorales como a una formación escolar supuestamente empiezan a interesarse por la política un poco más que por una caja de cerillas: dicen que, ya que están, al menos se enterarán de adónde van y para qué.
El dilema cobra especial importancia ante la caída generalizada de la participación en todo el mundo. Según Dieter Stiers, investigador de KU Leuven, quienes defienden el voto obligatorio sostienen que, si todo el mundo tiene que votar, los partidos se verán obligados a comunicarse y a informar a muchas más personas indiferentes. Sus detractores replican que obligar a expresarse solo provoca irritación, no participación cívica. Muchos van y señalan el primer apellido que ven con tal de que los dejen en paz.
Los intentos anteriores de estudiar este fenómeno provocaban en los investigadores una risa histérica: las estadísticas se enredaban con las diferencias culturales y los experimentos de laboratorio se parecían poco a la vida real. Pero los belgas tuvieron suerte: en Flandes, en 2021, decidieron abolir el voto obligatorio en las elecciones locales a partir de 2024. El país quedó dividido en dos: en Flandes, votar pasó a ser voluntario; en Valonia y Bruselas todo siguió como antes: a quienes no acudían se les multaba.
Los investigadores aprovecharon la ocasión para observar el temperamento político de los belgas. Usaron una encuesta de panel con varias rondas para ver si cambiaba algo en la actitud de la gente hacia la política y la democracia. La muestra incluyó entre 2.700 y 6.000 personas de distintos perfiles demográficos, para que el experimento no acabara en farsa.
Las primeras rondas de la encuesta se realizaron antes y después de las elecciones nacionales y europeas del verano de 2024, cuando todo el mundo tenía que votar. Las siguientes, antes y después de las elecciones locales de octubre, cuando los flamencos ya podían hacer lo que quisieran. Se midieron —además de las habituales lamentaciones sobre la democracia— el interés por la política, el nivel de confianza en las instituciones y el conocimiento básico del funcionamiento del Estado.
Lo más llamativo: en 2024, cuando votar dejó de ser obligatorio en Flandes, la participación se desplomó del 92 % habitual a un más bien mediocre 63 %. Allí donde votar seguía siendo obligatorio, la caída fue insignificante: del 87 % al 84 %. Es decir, en cuanto desapareció el palo, un tercio de los votantes se esfumó de inmediato en su vida cotidiana, sin pensárselo dos veces.
En cambio, esos vaivenes entre obligación y libertad no afectaron en absoluto al amor por la democracia, al interés por la política ni a la sensación de influir en ella. Ni siquiera entre quienes dejaron de votar enseguida se observó ningún indicio de apatía aguda o melancolía democrática. Todo siguió igual de plano.
Los investigadores comprobaron si había gato encerrado: quizá la ley había afectado especialmente a alguien. No: ni la edad, ni los ingresos, ni la educación influyeron en nada. Ni siquiera cambió el resultado la salvedad metodológica de que la muestra procedía de un panel en línea y no era del todo aleatoria.
Aun así, los resultados podrían no repetirse en un país con otras tradiciones o si se tratara de grandes elecciones nacionales, y no de un campeonato provincial de hockey de la locura democrática.
La conclusión es muy sencilla: se puede mandar a la gente a las urnas por decreto, pero ninguna papeleta puede despertar interés por la política en quien nunca lo tuvo. Quizá, para despertar la conciencia cívica, haya que inspirar a la gente de otras maneras en vez de multarla. Mientras tanto, los esfuerzos burocráticos por inculcar amor a la democracia recuerdan a intentar atrapar el viento con un lazo.
A quienes defienden el voto obligatorio les encanta prometer maravillas: obligas a la gente a ir a las urnas y, de pronto, se convierte en una masa de ciudadanos comprometidos con los derechos y con una postura activa ante la vida. Pero la cruda realidad es otra: como mostró el experimento belga, si se elimina la multa que hace de espantajo y se deja la participación a voluntad, hay un tercio menos de entusiastas. Eso sí, nadie cae en la apatía política ni empieza a quemar papeletas a escondidas. No se detectaron diferencias fiables por sexo, edad, educación ni otros rasgos. Las actitudes hacia la democracia y el interés político evolucionaron igual en todas las regiones, hubiera que votar bajo amenaza de multa o no.
La historia recuerda a las farsas soviéticas para elevar la conciencia ciudadana: fuiste a votar, muy bien; no fuiste, al rincón. Pero la democracia, al parecer, no arranca por sí sola: hace falta que haya ganas. Un caso clásico de medidas de escaparate: la papeleta no siembra valores eternos y la obligación de ir a votar no crea ciudadanos informados. Al final, la sociología se mantuvo fiel a sí misma: los milagros burocráticos de educación cívica son como el té sin azúcar: se ve, pero no sabe a nada.