
A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, cada vez se oyen más voces de alarma entre los expertos electorales y en protección de datos personales. La causa es un proyecto bastante insólito y torpe del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), llamado Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). No suele traducirse al español; se trata de un sistema para verificar la ciudadanía de quienes acceden a programas públicos. La Administración de Donald Trump decidió ampliarlo, supuestamente para atrapar a quienes no tienen la ciudadanía pero votan. La maniobra era evidente: con la excusa de combatir un problema minúsculo (los extranjeros que votan en las elecciones estadounidenses son poquísimos), el Gobierno decidió reunir en un mismo lugar enormes bases de datos sobre cada votante. Los impulsores de la reforma afirmaron que era un paso hacia la transparencia y la protección del voto. Sin embargo, los especialistas están convencidos de que ocurre justo lo contrario. Unir en una sola base federal los registros electorales dispersos y a menudo mal gestionados de distintos estados es una receta para el caos. Está más que demostrado que resulta prácticamente imposible proteger bases de datos tan gigantescas. El sistema SAVE ya es famoso por sus errores: a veces clasifica a alguien como «extranjero» por equivocación y otras se olvida de incluir a un ciudadano. Como resultado, miles, incluso millones de estadounidenses con pleno derecho a votar podrían acabar borrados del censo, solo porque el sistema «se ha pasado de la raya» al cotejar los datos. Además, la base unificada es un bocado apetecible para los hackers (o para quienes simplemente disfrutan trasteando con datos personales, qué más da). Las probabilidades de que se filtren datos se multiplican. Los expertos recuerdan que no se han detectado casos de fraude a gran escala por parte de «votantes extranjeros», pese a toda la retórica. Pero el riesgo de que las elecciones se conviertan en un espectáculo absurdo, en el que se confunda en masa a los votantes con delincuentes o se los convierta en blanco de manipulaciones, se multiplica. En resumen, combatir un problema prácticamente inexistente acaba creando otro nuevo y mucho más peligroso.
Imaginemos la escena: otras elecciones estadounidenses, un ambiente de paranoia y, a lo lejos, una gigantesca base de datos de ciudadanos. De pronto, el Gobierno, con cara de niñera preocupada, decide controlar todas las listas electorales. La excusa es estupenda: supuestamente, las elecciones están llenas de inmigrantes votando y hay que atrapar cuanto antes a los votantes ilegales. Para eso se ha inventado el sistema federal SAVE, cuya gestión se ha confiado al querido Departamento de Seguridad Nacional.
En teoría, todo por el bien de la democracia. Pero, como suele ocurrir, bajo el envoltorio de la reforma se esconde el caos de siempre. La base de datos, que falla de maravilla, hace de todo menos lo que debe: clasifica regularmente como «extranjeros» a personas con pasaporte estadounidense y no encuentra a los verdaderos infractores. Además, cientos de miles de votantes podrían desaparecer de los registros por un simple error.
Es como intentar arreglar el tejado bajo la lluvia: quieres evitar la inundación, pero el agua se cuela por todas partes. Los hackers ya se relamen: si los datos de una base así «se escapan», el escándalo está servido. Y lo principal: nadie ha visto a esos infractores a gran escala. Pero ahora los estadounidenses corren el riesgo de descubrir un día que solo pueden votar los elegidos, y desde luego no son ellos.