
El nuevo proyecto de ley, presentado el 14 de julio por los miembros del Congreso de Estados Unidos Dina Titus (demócrata por Nevada) y Lloyd Doggett (demócrata por Texas), busca proteger las obras de arte creadas por encargo para instituciones federales. Dicho en cristiano: los legisladores estadounidenses han decidido que, si en las paredes de los edificios públicos cuelgan cuadros y murales pagados con el dinero de los contribuyentes, que sigan ahí aunque el propio edificio acabe subastado por funcionarios preocupados de la agencia GSA (Administración de Servicios Generales).
Y aquí estamos otra vez: el Congreso estadounidense se pone a salvar el arte, como si no pudiera vivir sin la intervención de los diputados. El plan: crear comités y vigilar que los cuadros no desaparezcan cuando se vendan los edificios públicos. Sus detractores dicen que tanto celo no es más que otro pretexto para el circo burocrático y los proyectos para los amiguetes. El detonante fueron los escándalos por los intentos de la Administración Trump de derribar edificios con murales históricos y el revuelo en Change.org. La respuesta: prometer proteger 26.000 obras públicas, incluir cláusulas de conservación en los contratos de alquiler y venta y, si hace falta, trasladarlas a un museo. Como siempre, sobre el papel queda precioso: se conserva el arte, se alquila el edificio por más dinero y el artista de la pared sigue mirando hacia el vacío. La realidad: otra batalla por el patrimonio con la burocracia en el punto de mira y un tenue aroma a intereses políticos.