
El veredicto del 15 de abril en el caso contra Live Nation y Ticketmaster fue uno de esos raros momentos en los que los gigantes de la industria del entretenimiento recibieron una bofetada pública del sistema judicial. Un jurado federal concluyó que las dos empresas habían infringido las leyes antimonopolio al eliminar a sus competidores y convertir el mercado de entradas en un club cerrado al que solo se podía acceder siguiendo sus reglas y pagando sus precios inflados.
La decisión supuso un triunfo para los estados que presentaron la demanda y abrió una perspectiva incómoda para las corporaciones: podrían verse obligadas a dividirse. A quienes llevaban años quejándose del monopolio, la noticia solo les dio más motivos para insistir.
La Asociación Nacional de Salas Independientes declaró que por fin se había confirmado algo que todo el mundo sabía desde hacía 15 años. Su director, Stephen Parker, recordó que, mientras los abogados de la empresa debatían durante 44 días si era culpable o no, Live Nation ganó 3.100 millones de dólares. Ahora, dicen las salas independientes, toca actuar con mano dura: dividir las empresas y compensar a quienes sufrieron su «reinado» en el mercado.
La Organización Nacional de Agencias de Talento Independientes también celebró el veredicto. A su juicio, ahora lo principal es que el tribunal se centre en reformar el mercado: más transparencia, menos comisiones y más opciones para artistas y espectadores.
La Coalición por la Equidad en la Venta de Entradas recordó que el proceso sacó a la luz detalles desagradables sobre el funcionamiento del monopolio: los directivos bromeaban sobre cómo «desplumaban a los fans», y cobrar 1,72 dólares de más por cada entrada se había convertido en la norma. La coalición está convencida de que la decisión de hoy es solo el comienzo.
La Liga Nacional de Consumidores afirmó sin rodeos que millones de personas llevaban años pagando precios inflados porque el mercado estaba asfixiado. Ahora eso tiene que cambiar.
La Asociación Nacional de Agentes de Venta de Entradas también está de celebración: por fin el cliente dejará de pagar por el «derecho a que le estafen». La esperanza está puesta en una competencia justa, de la que el monopolio había privado al mercado.
Live Nation, como era de esperar, no reconoció la derrota. La empresa anunció de inmediato que la decisión no es definitiva y que recurrirá.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recordó que la codicia de las empresas durante años les costó millones a los consumidores. Y añadió que la lucha no ha terminado.
El veredicto contra Live Nation y Ticketmaster fue uno de esos raros casos en los que el mercado del entretenimiento recibió un golpe de vuelta. El jurado declaró que ambas empresas habían actuado como un monopolio, exprimiendo durante años el bolsillo de los espectadores y aplastando a sus competidores. La industria recibió la decisión con una mezcla de alivio y regodeo: el monopolio llevaba demasiado tiempo pareciendo inexpugnable.
Las salas independientes, las agencias y las organizaciones de consumidores llevaban tiempo denunciando que el mercado de entradas se parecía a un señorío feudal. Ahora tienen una prueba. Cada grupo interpreta el momento a su manera: unos exigen que se divida la empresa; otros, menos comisiones y reglas transparentes. Todos coinciden en que debe derrumbarse un sistema basado en inflar los precios y limitar las opciones.
La ironía es que Live Nation sigue manteniendo la compostura y promete recurrir. Pero su seguridad parece más una costumbre que un apoyo real. Cuando entran en escena los fiscales generales de varios estados, entre ellos Letitia James, las explicaciones sobre un «malentendido» suenan demasiado endebles.
El matiz satírico de la situación se adivina enseguida: las empresas que bromeaban con «desplumar a los fans» ahora se indignan cuando alguien intenta quitarles el chollo. El proceso aún no ha terminado, pero una época se acerca claramente a su fin. Es el momento en que el gigante ha descubierto por primera vez las grietas de sus muros.