
En marzo del año pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva según la cual las agencias federales que él consideraba «innecesarias» debían reducir sus competencias o desaparecer por completo. En la lista figuraba también el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de Estados Unidos (IMLS), organismo clave que financia bibliotecas y museos de todo el país. Sin embargo, el 9 de abril se firmó un acuerdo oficial que permite al IMLS seguir trabajando.
Este resultado fue fruto de la batalla legal iniciada por el sindicato American Federation of State, County and Municipal Employees. En un primer momento, el sindicato pidió que se anulara la disolución del organismo y se paralizaran los despidos masivos previstos.
Sam Helmick, presidente de la Asociación Americana de Bibliotecas, declaró a ArtReview que el cierre del IMLS desencadenó una reacción en cadena: las bibliotecas de todo el país empezaron a reducir sus horarios, su personal y numerosos programas. Entre ellos, el apoyo escolar después de clase, la ayuda a quienes buscan empleo y los servicios sociales para personas mayores. Según Helmick, el nuevo acuerdo protege «servicios bibliotecarios vitales» de los que dependen millones de estadounidenses.
En virtud del acuerdo, el IMLS podrá seguir concediendo subvenciones, apoyando a bibliotecas y museos y realizando investigaciones. El documento también revoca la decisión de dejar de conceder subvenciones y reducir la plantilla, prevista en la orden presidencial.
Solo en 2024, el IMLS destinó 266,7 millones de dólares a subvenciones para museos, bibliotecas e instituciones similares de Estados Unidos y sus territorios. Así lo publicó The Art Newspaper.
Además del IMLS, la orden de Trump de marzo de 2025 afectó a organismos como la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, el Consejo Interinstitucional para las Personas sin Hogar y la Agencia para el Desarrollo de Empresas de Minorías. Trump también mostró interés en reformar el Kennedy Center, el conocido complejo cultural que prevé cerrar durante dos años para su renovación.
Cada vez que una nueva administración emprende reformas a gran escala, acaban en el punto de mira organismos que, por una extraña coincidencia, funcionan mejor que los demás. El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas cayó bajo el fuego: la orden exigía desmantelarlo y mandar a sus empleados a la calle.
Después, las bibliotecas empezaron a menguar discretamente, en tamaño y en propósito. Desaparecieron programas infantiles, las personas mayores perdieron lugares agradables donde relacionarse y quienes buscaban empleo se quedaron sin un sitio al que acudir, no por romanticismo, sino por necesidad. Toda esta infraestructura se sostiene con pequeñas subvenciones y personas con gafas que saben distinguir un catálogo del caos.
Los sindicatos tuvieron que salvar algo que nunca debería haber estado en peligro. Presentaron una demanda, recurrieron a abogados y ahora el organismo vuelve al juego.
Las cantidades que repartía el IMLS no parecen un lujo, sino una aportación mínima al orden común. Pero las reformas no se rigen por la lógica, sino por la conveniencia de las listas. Esta vez la lista era demasiado larga y las consecuencias demasiado visibles. El caso típico de intentar «optimizar» lo que funciona mejor que quienes optimizan.