
Las oficinas de los fiscales generales de Estados Unidos se han visto literalmente desbordadas por las quejas contra Ticketmaster. En Pensilvania incluso tuvieron que pedir oficialmente a la gente que tuviera paciencia: el volumen de reclamaciones es tan grande que resulta físicamente imposible responder de inmediato. Todas estas quejas se han ido acumulando durante años: comisiones excesivas, cargos misteriosos, entradas que desaparecen y sistemas de venta extraños. Y aquí está el resultado: más de 30 estados han decidido actuar y han acusado a Live Nation‑Ticketmaster de monopolizar ilegalmente la industria de los conciertos, pese a que las autoridades federales ya se apresuraron a cerrar sus propios acuerdos.
Ahora serán los miembros del jurado quienes decidan el destino de la empresa. El juicio antimonopolio, que comenzó el 2 de marzo, culmina años de irritación tanto entre el público de los conciertos como entre sus organizadores. Según los estados, Live Nation‑Ticketmaster ha construido un sistema en el que controla casi todo: a los artistas, las salas y la venta de entradas. Y cuando una empresa controla todo el recorrido, del escenario al lector de entradas, la competencia muere más rápido que las entradas para el concierto de un artista popular.
La acusación es sencilla: la empresa habría utilizado su influencia para aplastar a sus competidores. Por ejemplo, si una sala decidía trabajar con otro operador de venta de entradas, le insinuaban que los grandes artistas quizá dejaran de actuar allí. Al final, el público casi no tiene donde elegir: si quieres ir a un concierto, paga a Ticketmaster. Si quieres ahorrar, lo sentimos: las comisiones también acabarán alcanzándote. Los estados lo consideran un abuso flagrante del poder de mercado.
Live Nation‑Ticketmaster, como es lógico, rechaza las acusaciones. La empresa asegura que el mercado es en realidad «muy competitivo» y que las comisiones elevadas son simplemente una característica del sector, supuestamente ajena al gigante de las entradas. Pero los estados están convencidos de lo contrario: esa «competencia» no existe en la naturaleza.
El juicio debe responder a la pregunta principal: ¿es la conducta de Ticketmaster simplemente irritante o también ilegal? Si el jurado da la razón a los acusadores, podrían obligar a la empresa a reformar su negocio y el mercado de las entradas quizá pueda respirar por fin. Mientras tanto, millones de espectadores de todo Estados Unidos siguen soportando colas, comisiones y misteriosos «gastos de gestión», y esperando que este proceso cambie algo de una vez.
La historia antimonopolio de Ticketmaster recuerda a una vieja obra sobre un gigante que asegura haber pisado un pueblo por accidente. Live Nation‑Ticketmaster habla de un mercado competitivo, pero los estados dibujan otro panorama: un monolito que abarca todo lo relacionado con los conciertos.
Es curioso ver cómo una empresa que tiene el mercado en un puño se presenta como víctima de las circunstancias. Las insinuaciones a las salas, las quejas del público y las comisiones que crecen como malas hierbas forman un patrón persistente. Y las autoridades federales ya han tenido tiempo de llegar a un acuerdo, dejando a los estados que recojan los pedazos.
Ahora la decisión recae en el jurado. La ironía es que, por muchos eslóganes que se oigan, las partes se mueven por una lógica sencilla: unos defienden el dinero; otros, la paciencia de unos ciudadanos que hace tiempo que la perdieron. El mercado de las entradas lleva mucho tiempo pidiendo que corra el aire, y el juicio quizá abra la ventana por primera vez.
Si el veredicto obliga a Ticketmaster a cambiar, alguien lo llamará una victoria de la justicia. Pero la experiencia enseña que cualquier sistema encontrará una nueva forma de meter la mano en el bolsillo del público. Al menos, durante un tiempo, será más fácil respirar.