
El proceso antimonopolio contra Live Nation en Estados Unidos vuelve a primera línea después de que más de 30 estados se negaran a firmar el acuerdo extrajudicial propuesto. En el centro de la disputa están las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, abusan de su peso en el mercado de los espectáculos en directo y crean, en la práctica, un monopolio.
La demanda se presentó en 2024. El Departamento de Justicia sostiene que la empresa utilizó su posición dominante para frenar a sus competidores, controlar el mercado de venta de entradas y sacar partido de los fans con precios elevados y numerosas comisiones.
Las vistas comenzaron el 3 de marzo en Manhattan. Pero una semana después se informó de un acuerdo preliminar por el que Live Nation podría evitar separarse de Ticketmaster si acometía una serie de cambios estructurales. Sin embargo, el pacto se vino abajo enseguida: según Associated Press, el juicio se reanudará el 16 de marzo, ya que más de 30 estados se negaron a sumarse al acuerdo.
Al final, solo siete estados —Arkansas, Iowa, Misisipi, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Dakota del Sur— aceptaron resolver sus reclamaciones. Los otros 32 estados y el Distrito de Columbia pretenden seguir adelante con la batalla judicial. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, declaró que el acuerdo propuesto por el Departamento de Justicia «no protege suficientemente a los consumidores, los artistas y las salas frente a los abusos de Live Nation y Ticketmaster».
El fondo de las acusaciones sigue siendo el mismo: al parecer, Live Nation exige a los artistas que recurran a sus servicios de promoción de conciertos si quieren actuar en salas propiedad de la compañía. Además, controla el mercado de entradas mediante contratos exclusivos de larga duración con los principales recintos de conciertos.
Los abogados de Live Nation rechazan todas las acusaciones. Según ellos, la empresa no amenaza a nadie, obtiene unos beneficios mínimos y se ve obligada a «pelear cada contrato», porque el mercado es «más competitivo que nunca».
El Departamento de Justicia, sin embargo, sostiene lo contrario. En las vistas de marzo, el organismo señaló que Ticketmaster presta el servicio de venta de entradas al 86 % de los recintos más grandes de Estados Unidos. Live Nation calificó esas cifras de «selección interesada» de datos que distorsiona la realidad.
La demanda cita como ejemplo de los problemas del mercado de entradas la venta de localidades para la gira de Taylor Swift en 2022, cuando una enorme cantidad de fans no pudo comprarlas. Live Nation atribuyó el fallo a un ataque de bots y afirmó que lo había solucionado.
El director ejecutivo de la compañía también rechazó las afirmaciones sobre unos beneficios excesivos y declaró que, por el contrario, los conciertos están «infravalorados» en cuanto a precio.
Las críticas a Live Nation aumentan también fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, la Asociación de Festivales Independientes afirmó que la compañía ha superado el «umbral de dominio del mercado» y controla el 66,4 % del sector, una cifra muy superior a los límites locales. Los representantes de Live Nation rechazaron las acusaciones y calificaron los datos de «inexactos y engañosos».
El Gobierno británico también ha intensificado las medidas contra los problemas de la reventa de entradas. Desde noviembre, revenderlas por encima de su precio original es ilegal, una medida que, según las estimaciones, ahorra al público unos 112 millones de libras al año.
Además, las autoridades pretenden limitar las enormes comisiones de los revendedores y promueven la idea de una «tasa para las salas», que destinaría parte de los ingresos de los conciertos en estadios a apoyar salas pequeñas y artistas emergentes. Si la mitad de los conciertos no empieza a pagarla voluntariamente antes de junio de 2026, se impondrá por ley.
La saga judicial de Live Nation deja una ligera sensación de déjà vu: como volver a ver una serie vieja en la que el villano siempre esquiva el castigo y los héroes fingen sorprenderse. El Departamento de Justicia vuelve a acusar a Ticketmaster y a su empresa matriz de monopolio, los estados vuelven a indignarse y Live Nation vuelve a hacerse la modesta, como si apenas consiguiera mantenerse a flote.
Los estados rechazan el acuerdo, no porque les encante el drama, sino porque ven que el texto propuesto se queda corto. El Departamento de Justicia ofrece una tregua, pero la mayoría de los estados lo ve como un intento de tapar el problema con una capa fina de pintura. No ha colado.
Es curioso ver cómo Live Nation explica el caos de la venta de entradas de Taylor Swift diciendo que sus servidores sufrieron de repente un ataque de bots. Qué práctico es tener un enemigo mítico: lo aguanta todo, incluso que se caiga el sistema.
En el Reino Unido la situación no es mejor: allí ya hace tiempo que se dieron cuenta de que la compañía tiene más tentáculos de los que admite. Y mientras las autoridades sellan leyes para frenar la reventa de entradas a precio de lingotes de oro, Live Nation insiste en que los datos son inexactos.
El mercado de los conciertos se parece cada vez más a un viejo tablero de ajedrez en el que las piezas permanecen quietas y la partida se alarga durante años. Eso sí, al público cada vez le cuesta más entrar. Y el juicio solo intenta mover un poco las piezas para que algo cambie de una vez.