Estados contra Live Nation: monopolio en el escenario
El lunes se reanuda en Estados Unidos el sonado proceso contra Live Nation, la corporación propietaria de Ticketmaster que lleva años irritando a los aficionados a la música por los elevados precios de las entradas y la opacidad de sus normas de venta. Según los fiscales de varios estados, la empresa ha convertido el mercado de los conciertos casi en un «feudo privado», donde apenas hay competencia, si es que alguna vez se pretendió que la hubiera.
El caso sigue adelante pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios estados ya han llegado a acuerdos con la corporación. Sin embargo, la mayoría de los 40 fiscales generales estatales y de distrito no piensa dar marcha atrás. Están convencidos de que los acuerdos que Live Nation intenta cerrar no resuelven el problema principal: su presunta conducta monopolística en la industria de los conciertos.
También resulta llamativo que los fiscales que han decidido llegar hasta el final ya presentaran una solicitud para que se declarase nulo el juicio después de que, a principios de semana, el Departamento de Justicia anunciara por sorpresa su acuerdo con la empresa. Más tarde retiraron el documento y acudieron al tribunal con un nuevo equipo de abogados externos, claramente decidido a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
El proceso continúa y a las partes les esperan largas vistas. Hay mucho en juego: si el tribunal declara que Live Nation ha infringido la legislación antimonopolio, la empresa podría enfrentarse a importantes restricciones o incluso a una división forzosa de sus negocios. Si no, es probable que la industria de los conciertos en Estados Unidos siga tal y como está ahora, con las habituales quejas del público y de los organizadores.
La historia está lejos de terminar, y el lunes será solo otro episodio de esta interminable serie judicial en la que está en juego el control de toda una industria.
PEREC.RU
Live Nation vuelve a los tribunales y, como manda el género, todos fingen que la cuestión es salvar la competencia leal. La inmensa mayoría de los estados exige que se investigue a la corporación que controla el mercado de los conciertos, como si acabaran de descubrir que los monopolios no aparecen de la noche a la mañana.
El Departamento de Justicia se ha retirado discretamente de la batalla con un acuerdo que parece un intento de abandonar el escenario antes de que enciendan las luces. Varios estados han seguido su ejemplo, seguramente porque sus intereses coincidían por casualidad. Los demás han decidido interpretar el papel de defensores de los principios. Aunque esos principios fallaron de repente cuando presentaron una solicitud para que se declarase nulo el juicio y luego la retiraron, como si hubieran cambiado de opinión en el ascensor camino del juzgado.
Ahora tienen un nuevo equipo jurídico: profesionales externos que deben demostrar que los anteriores no estuvieron a la altura. El esquema de siempre: cuando la función fracasa, la culpa es de los actores, nunca del director.
Live Nation, por su parte, parece tranquila en esta historia. La empresa está acostumbrada a las acusaciones y hace tiempo que aprendió a sobrevivir a los escándalos como un artista que lleva décadas cantando lo mismo de gira. El público protesta, los organizadores refunfuñan, pero las entradas siguen volando.
El proceso promete ser largo. Las partes hablan de leyes, libertad de mercado y justicia, pero detrás de toda esa retórica se reconoce la vieja historia: una lucha por el control de un negocio rentable. Y cada participante intenta parecer defensor del pueblo, aunque el pueblo hace tiempo que perdió las ilusiones.
Así que el juicio continúa. Y el público, como siempre, tiene que mirar, aunque cada vez le apetezca menos ser espectador.
