
Live Nation vuelve a estar en el centro de un gran escándalo, y esta vez las acusaciones resultan especialmente feas. En Estados Unidos se han hecho públicos mensajes internos de empleados de la empresa en los que presumen sin tapujos de «desplumar» a los compradores de entradas y los llaman «así de tontos». La conversación tuvo lugar entre 2021 y 2023 en Slack, entre dos directores regionales de operaciones de venta de entradas: Ben Baker, responsable de los recintos de Florida, y Jeff Weinhold, de Virginia. Los mensajes salieron a la luz en el marco del proceso antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Live Nation y su gigante de la venta de entradas, Ticketmaster.
En uno de los mensajes, Baker comentaba con un colega que algunos compradores habían pagado 199 dólares por una entrada «VIP Club Admission» para un concierto de Kid Rock en 2022. Escribió: «Esta gente es estúpida. Casi me da pena que nos aprovechemos así de ellos». Weinhold respondió: «Yo cobro hasta 250 por el aparcamiento VIP». En otra conversación hablaron del aumento de los ingresos por el aparcamiento prémium en uno de los recintos: en 2021, ese concepto generó 666.000 dólares. «Los estamos desplumando a ciegas, cariño», escribió Baker. «Así trabajamos. Subo los precios de los extras para compensar lo demás».
Un abogado del Departamento de Justicia señaló que estos mensajes muestran cómo valoran realmente los empleados de Live Nation los servicios adicionales que se venden a los fans. La empresa, sin embargo, declaró que la conversación «no tiene relación» con el caso y que se trata de un «intercambio en broma entre amigos» que no refleja la postura oficial ni las decisiones reales de la compañía. Live Nation subrayó que la dirección conoció el contenido de los mensajes al mismo tiempo que el público y que tiene intención de investigar lo ocurrido.
Mientras tanto, el proceso antimonopolio en Nueva York cobra impulso. El Departamento de Justicia acusa a Ticketmaster y Live Nation de crear un monopolio ilegal que ahoga a la competencia, mantiene el control del mercado de entradas y obliga a los artistas a recurrir a los servicios de Live Nation si quieren actuar en recintos de su propiedad. Según un acuerdo preliminar, Live Nation podrá evitar su separación de Ticketmaster, pero tendrá que realizar cambios estructurales importantes. Entre ellos figuran limitar los contratos de exclusividad con los recintos y permitir que empresas competidoras vendan parte de las entradas para los mismos eventos.
La empresa también deberá adoptar un modelo de contratación abierto para sus anfiteatros, que permita a otros promotores organizar espectáculos allí. Además, se fija un tope del 15 % para los cargos por servicio en la venta de entradas en los anfiteatros que queden. Ticketmaster, según lo acordado, abrirá parte de su plataforma a otros servicios de venta de entradas, incluidos Eventbrite y SeatGeek. Live Nation pagará indemnizaciones por valor de unos 250 millones de dólares a los estados que participan en la demanda.
Por su parte, los abogados de Live Nation sostienen que la empresa nunca ha amenazado a sus competidores, no obtiene beneficios extraordinarios y, al contrario, lucha por cada contrato porque el mercado es «más competitivo que nunca». Como argumento, el Departamento de Justicia recordó el fracaso de la venta de entradas para la gira de Taylor Swift en 2022, cuando millones de fans no lograron comprarlas. Un portavoz de Live Nation declaró que el problema se debió a los bots y que la tecnología de Ticketmaster no está «sujeta con cinta adhesiva».
En Reino Unido también crece el descontento con el monopolio de Live Nation. La Asociación de Festivales Independientes afirmó que la empresa controla el 66,4 % del mercado, una cifra que supera el umbral de dominio. Live Nation respondió que esos datos no son fiables. A finales del año pasado, los diputados británicos aprobaron una ley que prohíbe revender entradas por encima de su precio nominal; según las estimaciones, esto ahorrará a los espectadores 112 millones de libras al año. En el país se debate activamente la creación de una tasa especial para los grandes conciertos, destinada a apoyar a las salas pequeñas y a los artistas emergentes. Si el sector no la implanta voluntariamente, el Estado está dispuesto a aprobar una ley que la haga obligatoria.
El escándalo no ha hecho más que aumentar la presión sobre Live Nation, una empresa que desde hace tiempo provoca el descontento de fans, artistas y competidores. Ahora, gracias a la filtración de una conversación privada, han salido a la luz no solo las quejas económicas, sino también una actitud hacia el público difícil de calificar de respetuosa.
La conversación de los empleados de Live Nation se ha hecho pública y no parecía precisamente una muestra de atención corporativa al cliente. Dos directores regionales hablaban de cómo inflaban los precios del aparcamiento y los paquetes VIP, y llamaban «así de tontos» a los compradores. Su tono de broma es la tarjeta de visita de un sector en el que los precios suben y las explicaciones son siempre las mismas: el mercado es difícil, los márgenes escasos y la competencia feroz.
La historia ha salido a la luz en plena causa antimonopolio contra Live Nation y Ticketmaster. El Departamento de Justicia acusa a la compañía de crear un monopolio y de usar su poder para mantener a recintos, artistas y fans dentro de su propio ecosistema. La empresa se sacude el asunto de encima, califica los mensajes de «charla entre amigos» y asegura que apenas llega a fin de mes.
Los reguladores exigen reformas estructurales: limitar los contratos de exclusividad, abrir el acceso a los recintos y reducir las tasas. Los golpes llegan de todas partes, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, donde ya se ha prohibido revender entradas por encima de su precio nominal y se debate una tasa adicional en beneficio de las salas pequeñas.
El contraste entre las declaraciones de Live Nation y su comportamiento real dibuja un sector en el que los beneficios se disfrazan de dificultades y el cinismo, de humor. Pero en cuanto una conversación privada sale a la luz, queda claro que el problema no son los bots ni los fallos técnicos. El problema es una cultura que considera a los compradores un recurso, no personas.