La batalla por los centros de datos

La NAACP, una de las organizaciones de derechos civiles más antiguas de Estados Unidos, ha decidido enfrentarse a las empresas tecnológicas, tan aficionadas a hablar del «futuro» y, sin embargo, tan dadas a construirlo justo al otro lado de la valla de otra gente. Su principal adversario es xAI, de Elon Musk, propietaria de dos gigantescos centros de datos cerca de Memphis, bautizados con nombres acordes a su tamaño: Colossus 1 y Colossus 2. Estos «colosos» alimentan el chatbot Grok, pero también arrojan al aire sustancias mucho más terrenales, como óxidos de nitrógeno.

La NAACP presentó una demanda el año pasado y acusó a xAI de aprovechar un vacío legal para instalar decenas de turbinas de metano sin los permisos medioambientales necesarios. Lo peor es que el centro de datos se construyó junto a Boxtown, un barrio históricamente negro y desde hace tiempo saturado de residuos industriales. En enero de 2026, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sorprendió al respaldar a la NAACP y reconoció que las turbinas de xAI no están exentas de cumplir los requisitos de calidad del aire. En teoría, eso significa que habrá que limitar la actividad de Colossus.

Para la NAACP y para Abre’ Conner, directora del Centro de Justicia Ambiental y Climática, esto supuso una victoria simbólica. Casi de inmediato llegó otra señal alentadora: el estado de Nueva York presentó una iniciativa para imponer una moratoria de tres años a la construcción de centros de datos. La idea es sencilla: parar, recopilar datos, entender la magnitud del impacto y solo entonces tomar decisiones.

Conner explica que mucha gente aún no entiende que la inteligencia artificial no vive «en la nube»: funciona gracias a kilómetros de cables, se refrigera con cientos de millones de litros de agua y exige cantidades monstruosas de energía. Y, por alguna razón, toda esta infraestructura suele aparecer junto a barrios pobres o históricamente vulnerables, como ya ocurrió antes con el fracking, la minería de criptomonedas y las centrales térmicas de carbón.

El problema habitual es que las empresas no hablan con la gente en cuyos terrenos quieren levantar sus «oasis industriales» del futuro. Como mucho, se reúnen con algunos funcionarios, a menudo a puerta cerrada. Y cuando los vecinos se enteran de que se está construyendo algo, la mitad de las instalaciones ya está en pie. En el caso de xAI, el centro de datos empezó a funcionar antes de que hubiera un diálogo real con la población.

Conner señala que a los gigantes tecnológicos les encanta repetir las viejas promesas: habrá empleo, desarrollo y beneficios. Pero la realidad es que los puestos de trabajo son unas decenas, a menudo temporales, mientras que la contaminación del aire y el aumento de las tarifas eléctricas se notan de verdad. Muchas comunidades ya están viendo subir sus facturas de electricidad por el aumento de la demanda, incluso antes de que el centro de datos exista físicamente.

Según la NAACP, las empresas recurren a una fórmula conocida: construir en lugares que llevan años sin recibir suficiente inversión, donde las infraestructuras de servicios públicos son débiles y la resistencia de las autoridades es menor. Todo ello se presenta bajo la retórica del «futuro tecnológico», aunque en la práctica se usan los mismos métodos industriales: generadores diésel, emisiones y un consumo colosal de agua.

Conner afirma que la situación recuerda al pasado: el racismo sistémico que llevó a construir autopistas a través de barrios negros, los desplazamientos de población y la instalación de industrias junto a quienes menos protección tenían. El guion no cambia; solo cambia el rótulo.

Aun así, observa un cambio importante: por primera vez, habitantes de regiones muy distintas —rurales y urbanas, conservadoras y progresistas— empiezan a plantear las mismas preguntas. ¿A qué vienen los acuerdos de confidencialidad? ¿Por qué se debaten en silencio los recursos públicos, sin contar con quienes pagan impuestos? ¿Tenemos información suficiente para decidir si debemos permitir la construcción de estas instalaciones?

En 2026, la NAACP instó a las comunidades a exigir una moratoria cuando la información sea insuficiente. Porque, una vez que el proceso se pone en marcha, casi no hay forma de detenerlo.

Conner también recuerda que uno de los documentos clave de la NAACP, elaborado junto con más de 100 organizaciones, afirma que ningún empleo justifica perjudicar la salud de quienes viven cerca de instalaciones industriales.

Recuerda la historia del condado de Warren, en Carolina del Norte, donde sus habitantes lucharon en los años ochenta contra el vertido de residuos tóxicos. Entonces, el Gobierno federal tardó en intervenir, pero la gente del lugar logró que el caso recibiera atención nacional. Conner está convencida de que lo mismo puede ocurrir ahora, pese a que la situación política de Estados Unidos dista mucho de ser favorable a las iniciativas medioambientales.

Según ella, la fuerza siempre ha estado y sigue estando en la movilización desde abajo. Mientras la gente esté dispuesta a defender sus comunidades, hay esperanza, con independencia de quién ocupe el Gobierno.