
Siete de las mayores empresas de Silicon Valley —Google, Meta, Microsoft, Oracle, OpenAI, Amazon y xAI— se reunieron con Donald Trump para firmar el llamado «compromiso de protección de los consumidores». La idea del documento es sencilla: los gigantes tecnológicos prometen evitar subidas bruscas de las tarifas eléctricas en las zonas próximas a los centros de datos de nueva generación que están construyendo a toda prisa para impulsar la inteligencia artificial.
El acuerdo surge en medio de una preocupación bipartidista creciente en Estados Unidos. La gente teme que los nuevos centros de datos consuman tanta electricidad que la factura de la luz de los ciudadanos de a pie suba tanto como la de los propietarios de granjas de minería en sus mejores tiempos. Trump afirmó que las empresas necesitan «arreglar su imagen», porque muchos estadounidenses ya están convencidos de que donde aparece un centro de datos, se disparan las tarifas. También señaló que algunas regiones ya habían rechazado anteriormente construir instalaciones de este tipo precisamente por ese motivo.
El presidente firmó una proclamación oficial en la que subrayó que los centros de datos deben desarrollarse, pero sin que lo paguen los vecinos. Los gigantes tecnológicos aceptaron comprometerse a no cargar los costes de la electricidad a quienes viven cerca y a buscar formas de compensar el aumento del consumo, por ejemplo, mediante instalaciones energéticas propias o contratos de energía renovable.
Aunque todavía no se han revelado los detalles de este nuevo compromiso, hay algo evidente: las grandes corporaciones intentan aplacar la ola de descontento que crece a medida que se expande la industria de la inteligencia artificial. Y los centros de datos del futuro prometen tener un apetito eléctrico comparable al de ciudades pequeñas. Ahora las autoridades estadounidenses tendrán que observar si esta promesa se traduce en medidas reales o se queda en parte del teatro político.
Una escena clásica del teatro tecnopolítico estadounidense. Siete de las mayores empresas se sientan junto a Trump y aseguran que no quieren que la gente pague más por la electricidad. Ponen cara seria, firman documentos solemnes y hablan de proteger a los consumidores.
La puesta en escena resulta familiar: las corporaciones intentan proteger sus propios intereses y las autoridades fingen que controlan la situación. Los centros de datos, que consumen como ciudades pequeñas, crecen como setas. Pero al público le piden que crea que todo eso no afectará a las tarifas.
Trump aprovecha la ocasión: se presenta como defensor del pueblo, reprocha a las empresas su mala imagen y promete que ahora todo cambiará. Las compañías sonríen y firman un documento que esquiva cuidadosamente cualquier concreción. La redacción es blanda, los compromisos difusos y las responsabilidades están repartidas de tal forma que nadie debe nada.
Un detalle sutil: la firma del presidente convierte un memorando corporativo en una declaración política. Ahora, si algo sale mal, la culpa será de otro. Una fórmula muy cómoda para que todos los participantes salgan ganando.
Los centros de datos seguirán creciendo, y el consumo eléctrico también. Después, el juego estadounidense de siempre: quien consiga antes pasarle la responsabilidad al vecino, gana. La esperanza de que no suban las tarifas suena a promesa de sol en diciembre. En teoría, puede ocurrir; en la práctica, es poco probable.