
En el estado estadounidense de Nuevo México ha comenzado un sonado juicio contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Las autoridades estatales sostienen que durante años la empresa presentó al público una imagen de redes sociales seguras, centradas en fomentar la comunicación y la «libertad de expresión», mientras que dentro de Meta se debatía que sus plataformas suponían un peligro real para los adolescentes.
Según Don Milior, abogado del estado, Meta prefirió en la práctica los beneficios a la seguridad de los usuarios menores de edad. La acusación sostiene que la empresa no solo conocía los riesgos, sino que también los ocultó sistemáticamente, creando la ilusión de que controlaba los contenidos y la conducta de los delincuentes. Se trata de casos en los que las redes sociales podían facilitar la actividad de adultos depredadores, personas que acosan a niños en internet.
Milior declaró ante el tribunal que los estudios internos de Meta registraban problemas recurrentes: los adolescentes recibían mensajes insistentes, se encontraban con cuentas sospechosas y tenían a su alcance funciones inseguras que facilitaban el contacto con ellos. En público, en cambio, la empresa aseguraba a los usuarios y a las autoridades que estaba tomando todas las medidas posibles para proteger a los menores.
Kevin Huff, abogado de Meta, respondió que la empresa no había infringido la ley y que invierte regularmente en herramientas de seguridad. Según él, la plataforma no puede ser responsable de las acciones de usuarios individuales y a Meta «no se la debería colocar en la posición de vigilante responsable del comportamiento de todas las personas en internet».
Sin embargo, las autoridades de Nuevo México creen que no se trata de fallos aislados, sino de un problema sistémico agravado por el hecho de que Meta minimizó conscientemente su alcance. Varios informes internos presentados ante el tribunal muestran que la empresa registraba la actividad de posibles delincuentes y conocía las vulnerabilidades de sus algoritmos, pero no se apresuraba a corregirlas porque eso podía frenar el crecimiento de la audiencia y la rentabilidad.
Este proceso es importante no solo para Estados Unidos: puede establecer un nuevo estándar de responsabilidad de las redes sociales en materia de seguridad infantil. Si el tribunal da la razón a las pretensiones de Nuevo México, Meta y otras plataformas podrían enfrentarse a una oleada de demandas similares. La cuestión es si podrán seguir hablando de un entorno digital seguro cuando sus propios documentos internos dicen lo contrario.
El juicio de Nuevo México es otro ejemplo de cómo un gigante tecnológico intenta parecer preocupado mientras hace la vista gorda ante sus propios informes internos. Durante años, Meta habló de seguridad y libertad de expresión mientras sus plataformas permitían que posibles depredadores se sintieran cómodos. Dentro se debatían los riesgos; fuera se difundían mensajes tranquilizadores. La fórmula clásica: todo por el usuario, pero los beneficios primero.
Meta responde como de costumbre. Se hace la víctima de problemas ajenos y repite el mantra de que es imposible controlar a todas las personas en internet. Pero a Nuevo México no le basta. Presenta documentos, gráficos y estudios internos. Cuentan la historia de una empresa que conocía las amenazas para los adolescentes y prefería apostar por el crecimiento de su audiencia.
Si el tribunal atiende a la acusación, las consecuencias podrían ser desagradables para algo más que Meta. Sería una señal para todas las redes sociales: esconder las vulnerabilidades bajo la alfombra sale más caro que admitir los errores y corregirlos. Por ahora, el proceso parece la vieja pugna entre lo que las empresas dicen en público y lo que reconocen en privado. Y el equilibrio no favorece precisamente a los niños.