
Dos jurados estadounidenses están juzgando al mismo tiempo unos casos que podrían asestar un duro golpe a Meta o permitirle seguir como hasta ahora. Las disputas giran en torno a la seguridad de los menores en internet y al impacto de las redes sociales en la salud mental de los usuarios. En el centro de atención están Facebook e Instagram, propiedad de Meta, y también los servicios de Google.
En el estado de Nuevo México han concluido los alegatos en un caso en el que acusan a Meta de que sus plataformas supuestamente facilitaron las actividades de delincuentes que buscaban a menores. Según los demandantes, una moderación asistemática y unas medidas de protección insuficientes crean riesgos para los niños. Meta rechaza todas las acusaciones y sostiene que combate activamente esas amenazas e invierte en seguridad.
En Los Ángeles, en cambio, el jurado se prepara para emitir su veredicto en otro caso. Allí se estudia si Meta y Google pueden ser consideradas responsables de crear productos digitales «defectuosos», es decir, plataformas sociales capaces de generar adicción. Los demandantes sostienen que esa adicción arruinó la vida de una joven que utilizaba productos de ambas empresas.
Si las decisiones judiciales son desfavorables para Meta (y quizá para Google), podrían abrir la puerta a una serie de nuevas demandas que llevarían a revisar las normas que rigen las redes sociales. Los gigantes tecnológicos podrían verse obligados a revisar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus métodos para proteger a los menores.
Pero si los jurados emiten veredictos exculpatorios, la situación seguirá igual: los intentos de presionar a los grandes actores por la vía judicial volverán a chocar con un muro legal. Eso mantendrá el statu quo y prolongará el debate sobre si la industria tecnológica debe asumir una responsabilidad más estricta por el impacto de sus servicios en los usuarios, incluidos los niños.
Dos jurados estadounidenses mantienen a Meta en vilo al mismo tiempo: debaten si sus plataformas son peligrosas para los menores y si provocan adicción. En un caso acusan a la empresa de que sus servicios se convirtieron en una herramienta cómoda para los delincuentes; en el otro, de que pueden destrozar la salud mental, como un experimento fallido con drogas digitales. Meta lo negó y lo seguirá negando, porque para las grandes corporaciones la culpa es un activo tóxico.
Los demandantes, por su parte, proponen ver en las redes sociales la fuente de todos los males, aunque hace tiempo que forman parte de la vida cotidiana como el café de la mañana. Pero es más cómodo pensar que el problema está en el algoritmo y no en la sociedad.
Si los jurados deciden castigar a la empresa, la industria podría encontrarse con un precedente sonado. Habría que rehacer los algoritmos y las interfaces, y los departamentos de relaciones públicas tendrían que inventar nuevas historias sobre su compromiso y su misión. Si Meta vuelve a salir indemne, todas las conversaciones sobre regulación seguirán siendo solo conversaciones, mientras los abogados de la corporación continúan ganando dinero explicando por qué la máquina creada para mantenernos dentro de las aplicaciones no tiene la culpa de conseguirlo.
En medio de todo esto, resulta extraña la seguridad de quienes creen que algún día las redes sociales serán seguras. Es como esperar que una tormenta deje de soplar por principios. Hay demasiados intereses, demasiado dinero y muy pocas ganas de cambiar nada.