El Reino Unido se enreda con su propia inteligencia artificial

Cuando el Gobierno británico decidió, a principios de 2025, preguntar a la ciudadanía cómo regular el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial, probablemente esperaba una respuesta clara y moderada. En su lugar recibió un reproche casi unánime. De unas 10.000 respuestas, solo el 3 % apoyó el plan de las autoridades para cambiar la legislación sobre derechos de autor. En cambio, el 88 % se pronunció por una vía mucho más estricta, favorable a los titulares de derechos.

La consulta era sencilla: elegir una de cuatro opciones para decidir qué hacer con libros, música, cuadros y otras obras protegidas cuando se utilizan para entrenar IA. La favorita del Gobierno, la «Opción 3», proponía un compromiso. Los desarrolladores de IA podrían usar por defecto materiales protegidos, pero tendrían que revelar qué habían utilizado, y los titulares de derechos podrían pedir que sus obras se excluyeran de los conjuntos de entrenamiento.

Pero a la mayoría de los participantes la idea le pareció dudosa. La «Opción 3» fue la que menos apoyo recibió. Incluso la opción de «no cambiar nada» y mantener la actual situación jurídica, confusa y a menudo contradictoria, reunió a más partidarios. En otras palabras, la gente prefiere soportar el caos antes que aceptar el compromiso propuesto.

Para los profesionales creativos —escritores, músicos, artistas y desarrolladores de videojuegos— fue una victoria rotunda. Llevaban meses hablando de un futuro en el que su trabajo se convertiría en combustible gratuito para una IA sin control. Y, según ellos, no se trata solo de dinero. Sostenían que, si una obra entra en un conjunto de datos de entrenamiento sin el consentimiento de su autor, el daño ya está hecho, aunque después se ofrezca la posibilidad formal de retirarla.

Hay otro problema: en el Reino Unido los derechos de autor surgen automáticamente, sin necesidad de registrarlos. Es cómodo, pero dificulta enormemente la protección de esos derechos: no existe una base de datos única donde consultar quién es titular de cada obra. Por eso, los autores consideraron que la obligación de vigilar el uso de sus trabajos en distintos países, plataformas e idiomas era un montón de tareas extra.

De ahí que el 88 % de los encuestados eligiera la vía de exigir licencias obligatorias para todo. ¿Quiere entrenar una IA con un libro? Primero pida permiso y quizá pague. ¿Con un dibujo o una fotografía ajenos? Lo mismo.

El informe final del Gobierno y la evaluación económica de cada opción se esperan en marzo. Deberán examinar las consecuencias jurídicas, culturales y comerciales de cada enfoque. Pero ya está claro que a los funcionarios se les ha torcido la «transición gradual» hacia el modelo deseado. No hay consenso y las discrepancias no hacen más que crecer.

Mientras tanto, el país sigue en el caos de siempre. Sin una ley clara, no hay claridad. Los desarrolladores de IA no saben qué pueden hacer. Los autores, qué está protegido. Todos esperan que se ponga orden, pero los plazos se aplazan una y otra vez.

La decisión que se tome a continuación determinará la economía digital del país durante muchos años. Si las autoridades se ponen de parte de ese 3 %, se arriesgan a deteriorar definitivamente su relación con los propios creadores de contenido. Pero es casi seguro que unas normas estrictas de licencias toparán con la resistencia de las tecnológicas y las empresas emergentes. En cualquier caso, no habrá un desenlace tranquilo.