El frenazo británico a los derechos de autor en la IA

El Gobierno británico ha dado un giro inesperado en el debate sobre si la inteligencia artificial puede entrenarse con obras protegidas por derechos de autor sin permiso de sus creadores. Hasta hace poco, los funcionarios impulsaban un proyecto de ley de datos que habría permitido a empresas como Google y OpenAI entrenar sus modelos con contenido ajeno, ofreciendo a artistas y autores una débil opción de exclusión, el llamado opt-out, que en la práctica equivale a «si te das cuenta, avisa». Como era de esperar, el plan desató una oleada de indignación. Lo que estaba en juego no era solo el derecho de autor, sino la amenaza muy real de perder el control sobre la propia obra.

Ante la presión pública, Liz Kendall, ministra de Tecnología, anunció que la postura del Gobierno ya no era definitiva. Suena bien, pero traducido del lenguaje político significa algo sencillo: el gabinete ya no tiene un plan claro y vuelve a pensar cómo salir del atolladero. Aun así, para el sector creativo, abandonar la idea anterior fue toda una victoria. Tom Kiehl, director de UK Music, calificó lo ocurrido de «éxito importante» y prometió trabajar con el Gobierno en nuevas soluciones más justas.

El año pasado, algunos de los artistas británicos más conocidos se opusieron abiertamente a la línea del gabinete. Sir Elton John, Dua Lipa e incluso sir Paul McCartney advirtieron de que la industria de la IA podría «robar» a los músicos y provocar una «pérdida de creatividad». McCartney recordó que los jóvenes autores componen canciones magníficas, pero corren el riesgo de perder el derecho a ser dueños de su trabajo, y que al final cualquiera puede utilizar su música sin permiso. Y, como subrayó, en esos casos el dinero seguiría yendo a parar a alguien, pero no a quienes crean la obra.

Ahora el Gobierno promete no acelerar los cambios y «sopesar todas las opciones». El informe señala que no se aprobarán reformas hasta que las autoridades se convenzan de que responden a los objetivos económicos del país y a los intereses de la ciudadanía. El reto consiste en mantener la posición del Reino Unido como potencia creativa y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial de la IA para impulsar la economía. Pero los titulares de derechos también deben recibir una remuneración justa y protección frente al uso ilegal de su trabajo. A su vez, subrayan los funcionarios, los desarrolladores de IA deben tener acceso a contenido de calidad para que sus tecnologías puedan avanzar.

Así pues, el país intenta encontrar un equilibrio entre una industria de inteligencia artificial en rápido crecimiento y un sector creativo que teme disolverse entre algoritmos. Los próximos pasos del Gobierno dirán cómo acaba esta pugna de intereses.