ICE arresta a más personas, pero entre ellas hay menos delincuentes
El servicio federal de inmigración ICE ha aumentado drásticamente el número de arrestos durante la presidencia de Donald Trump, pero la proporción de detenidos con antecedentes penales ha disminuido notablemente. Es la conclusión de un estudio de Chloe N. East, de la University of Colorado, Boulder; Caitlin Patler, de la University of California, Berkeley; y Elizabeth Cox. El trabajo se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.
ICE es el organismo federal encargado de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración dentro de Estados Unidos. Durante el segundo mandato de Trump, las autoridades justificaron la ampliación de las operaciones por razones de seguridad pública y por la necesidad de deportar a personas que hubieran cometido delitos. Sin embargo, el análisis muestra una brecha entre ese discurso público y la práctica.
Los investigadores estudiaron los registros administrativos del Deportation Data Project, que recogen más de 1,5 millones de arrestos de ICE entre octubre de 2015 y marzo de 2026. Para comparar, tomaron los periodos en torno a las dos investiduras de Trump: aproximadamente desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2018 y desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2026. No utilizaron como referencia principal el mandato de Joe Biden: debido a la pandemia de COVID-19 y a cambios temporales en las funciones de ICE, la intensidad de las operaciones cayó entonces a su nivel más bajo en diez años.
Los investigadores compararon el número de arrestos, las regiones, la existencia de antecedentes penales y el modo de detención. El primer tipo son los arrestos a través de fuerzas del orden (Law Enforcement Agency arrests): ICE se lleva a una persona de una cárcel local o regional en la que ya se encuentra. El segundo son los arrestos en la comunidad (Community Arrests): los agentes detienen a personas en sus barrios, domicilios o lugares de trabajo.
Antes de la primera investidura de Trump, ICE realizaba una media de 304 arrestos al día. En los primeros 14 meses de su primer mandato, la cifra subió a 436, un 43 % más. Antes de su segundo mandato, el nivel de partida volvió a ser de unos 304 arrestos diarios, pero entre enero de 2025 y marzo de 2026 aumentó hasta 952, es decir, un 214 %.
Al mismo tiempo, la proporción de detenidos con antecedentes penales durante el segundo mandato cayó al 34 %, casi el mínimo de todo el periodo estudiado, que abarca diez años y medio.
También cambió la estrategia. La proporción de detenciones efectuadas directamente en las comunidades pasó del 17 % en el año anterior al segundo mandato al 47 % entre enero de 2025 y marzo de 2026. En el primer mandato no se observó un giro tan pronunciado.
Como en las cárceles es más frecuente que los detenidos tengan antecedentes, los investigadores comprobaron si el cambio de estrategia explicaba el descenso de la cifra general. Resultó que solo alrededor de una cuarta parte de la caída se debía al paso a las detenciones en la calle y en los domicilios. Las otras tres cuartas partes se explican porque ICE empezó a detener con menos frecuencia a personas con antecedentes en ambas categorías: la proporción de estas personas bajó 10 puntos porcentuales entre los Community Arrests y 16 puntos entre los arrestos realizados a través de las fuerzas del orden locales.
La distribución geográfica también fue desigual. Se registró un fuerte aumento de los arrestos en cárceles en las jurisdicciones de El Paso, Miami, Nueva Orleans y San Antonio. Las detenciones en la comunidad crecieron más en Boston, Chicago, Newark y Seattle, así como en todas las jurisdicciones de California y Nueva York. Los investigadores consideran que esto concuerda con el objetivo declarado por la Administración: presionar a las llamadas ciudades santuario y a los estados que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.
Pese a las diferencias entre regiones y métodos, la proporción de detenidos con antecedentes penales disminuyó casi en todas partes. Sin embargo, las conclusiones tienen limitaciones: los datos solo reflejan a las personas registradas oficialmente en el sistema de ICE y no incluyen las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la propia frontera. Los investigadores tampoco saben todavía por qué la cifra bajó incluso entre los arrestos en cárceles: podría deberse a un cambio en las prioridades de ICE o a modificaciones en la actuación de la policía local.
Los autores subrayan que la política puede cambiar rápidamente, por lo que es necesario continuar el seguimiento. El estudio describe los primeros meses del segundo mandato de Trump, pero aún no demuestra que el patrón detectado vaya a mantenerse en los próximos años.
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El estudio de Chloe N. East, Caitlin Patler y Elizabeth Cox, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, analiza la actuación de la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement (ICE) dentro del país durante los dos mandatos de Donald Trump. La conclusión principal: el número de arrestos aumentó drásticamente, pero la proporción de detenidos con antecedentes penales bajó al mismo tiempo.
Los autores utilizaron los registros administrativos del Deportation Data Project, con más de 1,5 millones de arrestos de ICE entre octubre de 2015 y marzo de 2026. Compararon los periodos en torno a las dos investiduras de Trump: aproximadamente de diciembre de 2015 a marzo de 2018 y de diciembre de 2024 a marzo de 2026. El mandato de Joe Biden no fue la referencia principal porque, durante la pandemia de COVID-19 y los cambios temporales en las funciones de ICE, la intensidad de las operaciones dentro del país cayó a su mínimo de diez años. El análisis no incluyó las detenciones en la frontera.
Antes de la primera investidura de Trump, ICE arrestaba una media de 304 personas al día. En los primeros 14 meses de su primer mandato, la cifra subió a 436, un aumento del 43 %. Antes del segundo mandato, el nivel de partida volvió a ser de unos 304 arrestos diarios, pero entre enero de 2025 y marzo de 2026 llegó a 952: un aumento del 214 %.
Los investigadores estudiaron dos métodos principales de detención. Los Law Enforcement Agency arrests son las entregas a ICE de personas que ya están en una cárcel local o regional. Los Community Arrests son detenciones realizadas directamente en los barrios, domicilios o lugares de trabajo. En el segundo mandato, la proporción de Community Arrests pasó del 17 % en el año previo al 47 % del total. En el primer mandato no se produjo un cambio tan brusco.
Como los arrestos a través de las cárceles suelen afectar a más personas con antecedentes, los autores comprobaron si el cambio de método explicaba el descenso general. Solo explicaba alrededor de una cuarta parte de la caída. Las otras tres cuartas partes se deben a que ICE empezó a detener con menos frecuencia a personas con antecedentes en ambas categorías. La proporción cayó 10 puntos porcentuales entre los Community Arrests y 16 puntos entre los arrestos a través de las fuerzas del orden locales.
En el segundo mandato, las personas con antecedentes penales representaron el 34 % de los arrestados, casi el mínimo de todo el periodo estudiado, de 10,5 años. El descenso se observó en casi todas las regiones, aunque las tácticas variaron. Los arrestos en cárceles aumentaron especialmente en El Paso, Miami, Nueva Orleans y San Antonio. Los Community Arrests crecieron más en Boston, Chicago, Newark y Seattle, así como en todas las jurisdicciones de California y Nueva York.
Los investigadores consideran que la distribución geográfica concuerda con la política declarada de presionar a las llamadas sanctuary jurisdictions, ciudades y estados que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, el estudio no determina la causa definitiva del descenso de la proporción de personas con antecedentes entre los arrestos en cárceles. Entre las posibles explicaciones figuran un cambio en las prioridades de ICE o en las prácticas policiales locales, que habría hecho que otras personas acabaran en prisión.
Los autores advierten de que la base de ICE solo refleja a las personas procesadas oficialmente por el sistema y de que las políticas y los métodos de la agencia pueden cambiar con rapidez. Por ello, habrá que seguir observando la situación para comprobar si estas tendencias se mantienen.
