California salva la posproducción

California podría aprobar un crédito fiscal específico para la posproducción si el gobernador Gavin Newsom firma la ley durante el próximo mes. Se trata del California Assembly Bill 2319, destinado a apoyar el montaje, el diseño de sonido, la corrección de color y otras fases del trabajo en películas y series.

Se suele dar por hecho que todo el mundo en la industria del cine vive como el Tío Gilito. En la práctica, los profesionales de la posproducción pasan meses sin encargos. Cada vez se rueda más fuera de California y, con ello, también desaparece poco a poco el trabajo que antes volvía casi automáticamente a Los Ángeles.

La industria se enfrenta a varias presiones a la vez: el fin de las «guerras del streaming», los recortes presupuestarios, los cambios en los modelos de negocio, las fusiones de grandes empresas y el temor a que la inteligencia artificial empiece a desplazar a los trabajadores de oficina. La posproducción forma parte de esta crisis general. El trabajo llevaba unos diez años saliendo lentamente del estado, pero los últimos tres han sido especialmente duros.

Hace un año nació la California Post Alliance (CAPA), que defendió una desgravación fiscal específica para la posproducción. La crisis no se percibe solo en las conversaciones: algunos trabajadores alargan los escasos proyectos que consiguen durante 13 o 15 meses, y los veteranos de los sindicatos no llegan a reunir los días de trabajo remunerados necesarios para tener seguro médico.

La competencia se intensifica por los programas fiscales de otros territorios. Canadá, Reino Unido, Irlanda, Georgia y Nueva York ofrecen incentivos específicos o tipos más elevados para la posproducción. Según Sarah Westman-Liu, de Entertainment Partners, estos programas funcionan mejor allí donde ya existe una sólida industria local, como en el área de Nueva York y Nueva Jersey, donde se encuentra la segunda mayor delegación del sindicato de montadores IATSE 700 Local.

Aun así, el menor coste no suele bastar para trasladar toda la posproducción. Incluso cuando el rodaje se hace en otro lugar, el montaje y el acabado final suelen volver a Los Ángeles o Nueva York. Por eso, la presión actual no se debe solo a que los proyectos se marchen, sino también a la caída general del número de películas y series que se producen.

La montadora Wendy Smith lo resumió con sencillez: hay menos películas, así que hay menos material que montar. Y el montaje, recordó, no consiste en saber editar un vídeo de un partido de fútbol infantil: es un oficio que requiere criterio profesional, tiempo y un método propio.

El AB 2319 superó su última lectura en el Senado de California el 30 de agosto. Gavin Newsom dispone ahora de 30 días para firmar la ley. El primer año, el programa recibirá solo 10 millones de dólares. Sus defensores aspiran a obtener 100 millones de dólares de financiación fiscal, pero tendrán que luchar por esa cantidad durante el ciclo presupuestario del año que viene.

La ley ha unido a sindicatos, cargos públicos, organizaciones del sector, los estudios Fox, Sony, Warner Bros. y Disney, la Television Academy, la Recording Academy, gremios profesionales y legisladores. Para CAPA, no ha sido solo una lucha por el dinero, sino también una prueba poco habitual de que la industria aún conserva voluntad colectiva.

Daniel Williams, de IATSE 700, contó que, al llamar por primera vez a representantes del estado, oyó de sus equipos que estaban recibiendo muchísimas consultas. Para los profesionales, eso tiene importancia psicológica: la ley se ha convertido en una señal de que la carrera en la posproducción todavía no se ha declarado una pieza de museo.

Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. Erik C. Anderson dice que se puede transmitir conocimientos a los jóvenes y dejarles observar el trabajo, pero cuesta prometerles una profesión para los próximos años. Williams añade que la cuota de Los Ángeles en la producción ha bajado, mientras Atlanta, Nueva Jersey y Nueva York ganan terreno.

La industria necesita incentivos fiscales, también federales, pero puede que una simple zanahoria económica no baste. Por ahora, el AB 2319 ofrece a California al menos una oportunidad de retener la producción y no externalizar su propia cultura audiovisual.