El Supremo acaba con la independencia de la FTC
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión que cambia radicalmente el equilibrio de poder entre el presidente y las agencias gubernamentales independientes. Seis votos contra tres, y aquí la opinión de la minoría no le importa a nadie. A partir de ahora, el jefe del Estado puede destituir a los miembros de la Comisión Federal de Comercio (FTC), aunque no hayan cometido ninguna ilegalidad. El caso se llamaba Slaughter contra Trump: el entonces presidente Donald Trump quiso deshacerse de dos miembros de la FTC que representaban al Partido Demócrata. El precedente venía de lejos: desde 1935, tras la sentencia del Supremo en el caso Humphrey’s Executor, los comisionados solo podían ser destituidos «por causa justificada», por ejemplo, por negligencia o corrupción manifiesta. Y ahora ese bastión de la «independencia» ha sido derribado a martillazos por el derecho constitucional.
¿Qué significa esto? Desde ahora, la llamada independencia de las agencias federales será más bien una formalidad: el presidente, sea del partido que sea, podrá sustituir a los gestores «incómodos» por su propia gente «de confianza». Para la cocina política estadounidense, es una noticia explosiva: en teoría, agencias como la FTC deberían proteger a los consumidores y al mercado del poder omnímodo de los monopolios, no someterse a los caprichos del momento de la Casa Blanca. Pero ahora cualquier nuevo presidente tendrá en sus manos no solo un móvil con Twitter, sino también palancas para presionar a los funcionarios federales.
La decisión del Supremo rompe con una práctica de ochenta años y encaja en una tendencia mundial: las instituciones públicas van perdiendo autonomía ante el poder ejecutivo. ¿Quién fijará las reglas del juego económico para las mayores empresas: los reguladores profesionales o los cargos afines al poder? La respuesta ya está clara. Y no es una buena señal para quienes creen que el Estado puede ser independiente de los políticos.
PEREC.RU
La independencia estadounidense va cediendo poco a poco, pero sin pausa, ante quienes mandan. El Supremo, que durante mucho tiempo hizo de bastión de las «instituciones independientes», ha decidido que el presidente de Estados Unidos es ahora casi un rey y que todas las agencias públicas deben obedecerle. La lista de funcionarios despedidos por orden de la Casa Blanca crece más deprisa que la hierba después de la lluvia. Donald Trump ya no necesita motivos previstos en el reglamento: basta con que alguien no encaje políticamente. El viejo caso Humphrey’s Executor, que marcó las reglas durante casi un siglo, ha acabado en el archivo.
Lo más gracioso es que todo esto no se hace por los ciudadanos. A primera vista, parece una lucha por la transparencia. En la práctica, las agencias que deberían regular el mercado se parecen ahora a peones en una partida cuyo principal jugador es el presidente.
La decisión encaja en una tendencia constante: las instituciones federales creadas para mantener el equilibrio se convierten en apéndices de la Casa Blanca. Eso solo alegra a los jugadores más temerarios de la bolsa y a los especuladores políticos. No esperes decisiones independientes cuando el puesto de los funcionarios dependa del humor del próximo ocupante del Despacho Oval. Aunque, si se les preguntara, los ciudadanos decepcionados quizá también tendrían algo que decir.
