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El Tribunal Supremo frena el intento de Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento

5/8/2026, 16:27:06 Sociedad
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Crónica:
El Tribunal Supremo frena el intento de Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto punto final al intento de Donald Trump de abolir el llamado derecho a la ciudadanía por nacimiento. Los magistrados votaron seis a tres contra la idea del presidente de cambiar mediante un decreto uno de los principios constitucionales más antiguos del país.

La cuestión es que, tras volver al cargo en 2025, Trump firmó un decreto con el grandilocuente título de «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense». El documento proponía retirar el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense cuyos padres no fueran ciudadanos del país ni tuvieran residencia permanente. La iniciativa iba dirigida, en la práctica, contra los hijos de inmigrantes y migrantes.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship) existe desde hace casi tanto tiempo como la América moderna y se basa en la 14.ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Aprobada en 1868, tras la guerra civil, esta enmienda garantizó inicialmente la ciudadanía a los hijos de antiguos esclavos, para que nadie pudiera arrebatarles su pertenencia al país. Desde entonces, toda persona nacida en territorio estadounidense y sometida a su jurisdicción es reconocida automáticamente como ciudadana.

El intento de Trump de cambiar este principio desató un intenso debate social y las críticas de juristas, historiadores y defensores de los derechos humanos. Sus detractores sostenían que una medida así contradecía tanto la letra como el espíritu de la Constitución. Finalmente, seis de los nueve magistrados del Tribunal Supremo concluyeron que una cuestión así no puede resolverse únicamente por voluntad de un presidente: cambios de tal magnitud requieren la aprobación del Congreso y quizá una nueva enmienda constitucional.

Así pues, según el tribunal, los niños nacidos en Estados Unidos siguen obteniendo la ciudadanía con independencia de la nacionalidad de sus padres. Ha sido otra gran derrota para la política de Trump, orientada a endurecer la legislación migratoria del país.


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La interminable saga entre Donald Trump y la Constitución estadounidense ha dado otra vuelta de tuerca. Como coleccionista empedernido de ideas dudosas, decidió acabar de forma sistemática con el birthright citizenship (la «ciudadanía por nacimiento»). El plan era sencillo: firmar un decreto para que los hijos de los inmigrantes dejaran de convertirse automáticamente en estadounidenses. A juzgar por el título de la iniciativa, «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», todo parecía la lápida de unos demócratas demasiado liberales. Pero el Tribunal Supremo, inspirado al parecer por la vieja y buena 14.ª Enmienda (la misma que se concibió específicamente para los hijos de esclavos recién liberados), le dijo: «inténtalo otra vez, Donald».

Los seis magistrados frente a los tres amigos del expresidente dejaron claro con los hechos que las cuestiones que cambian los cimientos del país no se resuelven con acciones baratas del tipo «hago lo que me da la gana». La Constitución no está escrita con una pluma de Twitter, ni siquiera con tinta nueva; para reescribirla hace falta algo más que una nota de prensa y un tuit tajante y orgulloso. El derecho a la ciudadanía de todo recién nacido en suelo estadounidense ha quedado intacto.

En resumen: la iniciativa de «proteger la ciudadanía» se ha ido al garete. Estados Unidos se ha mantenido fiel a sus principios, aunque a alguien en la cima de la pirámide no le guste pensar que los hijos de inmigrantes son «de los suyos». O se cambia la Constitución como es debido o se sigue viviendo con la 14.ª Enmienda otros cien años. Y todo ello, con el discreto acompañamiento de las fanfarrias que salen del Tribunal Supremo, que esta vez decidió jugar a «llevar la contraria a todos los que se equivocan».

Aunque, ¿qué otra cosa cabía esperar de un país donde las leyes valen más que los proyectos presidenciales y un político mayor no puede echar por tierra una tradición con una sola línea de un decreto?

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