Tribunal Supremo de EE. UU.: los datos de geolocalización, protegidos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha limitado con firmeza la vigilancia de la ubicación de los ciudadanos a través de sus teléfonos inteligentes. La decisión en el caso Chatrie contra Estados Unidos se tomó por mayoría (seis votos frente a tres), y ahora las autoridades federales deberán obtener una orden judicial antes de desplegar una «geovalla» a gran escala: un perímetro virtual alrededor del lugar de un delito para recopilar de forma indiscriminada los datos de ubicación de todos los dispositivos cercanos.
El origen del escándalo: en 2019 robaron un banco en Virginia y la policía pidió a Google información sobre todos los teléfonos que se encontraban cerca en el momento del delito. Los datos ayudaron a identificar al sospechoso: Okello T. Chatrie. Pero la defensa alegó que las autoridades se habían pasado de la raya al recopilar demasiada información privada, vulnerando así la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos frente a registros injustificados.
El Departamento de Justicia no estaba de acuerdo y sostenía que, al fin y al cabo, la gente ya había dado permiso a Google y Apple para seguir sus desplazamientos. ¿Qué secreto podía haber ahí? Pero la mayoría de los jueces no se creyó esa lógica tan sencilla. «Una persona puede esperar que sus datos de geolocalización sean privados aunque los guarde un servicio externo, y la policía no debe invadir ese espacio sin más», resumió la jueza Elena Kagan. Se sumaron a ella el presidente del Tribunal, John Roberts, y los jueces Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch (este último coincidió con la conclusión, pero se reservó los motivos).
Cabe destacar que los datos sobre sus desplazamientos se recopilan casi cada minuto, de una forma que la mayoría de la gente ni siquiera percibe. Google Maps, utilizado por miles de millones de personas, es una auténtica mina de oro para quienes quieren saberlo todo sobre su vida. Google ya olió el peligro hace tiempo: hace tres años, la empresa anunció que desde entonces guardaría las ubicaciones solo en los dispositivos de los usuarios, para no tener que entregarlo todo a las autoridades ante cualquier quebradero de cabeza legal. Pero eso no impide que las autoridades sigan pidiendo la misma información a otros gigantes: Apple, Microsoft, Snapchat y Uber.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo decidió sabiamente no pronunciarse en concreto sobre la orden emitida para detener a Chatrie y devolvió el caso al tribunal de apelación para que lo revise. El pulso continúa y la privacidad de los ciudadanos de a pie vuelve a estar en el centro de un gran juego de pistas estadounidense.
PEREC.RU
El Tribunal Supremo estadounidense se ha acordado de repente de la Cuarta Enmienda. Durante todos estos años, la policía y las agencias han saciado su sed de información con geovallas: extraían de las grandes tecnológicas los datos de cualquiera que estuviera cerca del lugar de un delito. Ahora necesitarán algo más que maña: una orden judicial de las de toda la vida. El Departamento de Justicia suspira, pues hasta ahora creía que, si uno pulsaba «permitir el acceso a la ubicación», renunciaba voluntariamente a su privacidad para el resto de sus días. Pero el tribunal ha arqueado una ceja: ¿van a Google a por datos? Enséñenme el papel con el sello.
La decisión es un bofetón directo a la codicia empresarial e institucional por nuestras huellas digitales. Google ya había olido la tostada y trasladó rápidamente el almacenamiento de ubicaciones a los dispositivos para no tener que atender cualquier petición de los servicios de seguridad. Pero los demás —Microsoft, Apple y Uber— no se escabulleron tan deprisa y ahora corren el riesgo de ser los siguientes en pasar por el banquillo.
Por ahora han decidido no juzgar públicamente el caso del banco de Virginia: lo han devuelto a una instancia inferior. Se levanta el polvo, los abogados afilan los lápices y sus datos de geolocalización vivirán un poco más dentro de su propia burbuja. Conclusión sarcástica: si la vida privada existe en el siglo XXI, seguramente solo sea en forma de informe para un juez de apelación.
