La lógica racista del Tribunal Supremo: las cuentas no cuadran

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde hace tiempo que se ha instalado una supermayoría conservadora, vuelve a las andadas: se dedica metódicamente a rematar los restos de la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act). Esta vez le ha tocado a Luisiana y, con ella, al sentido común y a la aritmética más elemental.

El miércoles, el tribunal dictó sentencia en el caso Louisiana v. Callais, que en la práctica ha destruido la Sección 2 de la célebre ley. En pocas palabras y sin rodeos: ahora resulta que combatir el racismo al trazar los distritos electorales es racismo. Sí, lo han oído bien. Han prohibido curar la enfermedad porque el propio tratamiento se considera contagioso.

Vamos por partes. En Luisiana vive aproximadamente un 30 % de población negra. El estado tiene seis distritos electorales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Según una lógica de representación justa, los distritos deberían trazarse de modo que los votantes negros, que constituyen casi un tercio de la población, pudieran influir realmente en las elecciones y elegir a candidatos que representasen sus intereses.

Al principio se trazaron dos distritos con mayoría de población negra. Dos de seis: aproximadamente un 33 %. Es decir, casi un ajuste perfecto a la proporción demográfica. Pero a los activistas conservadores les pareció demasiado. Demandaron al estado alegando que ese trazado discriminaba a los votantes blancos por motivos raciales.

Y el Tribunal Supremo les dio la razón. La sentencia significa, en la práctica, que cualquier intento de crear «distritos electorales de mayoría minoritaria» (majority-minority districts) puede impugnarse por discriminatorio. El resultado es un absurdo jurídico: la ley que se creó para proteger a los votantes negros de las maniobras racistas se utiliza ahora contra ellos.

Esta decisión es un golpe a toda la historia de la Ley del Derecho al Voto, aprobada en 1965 tras las sangrientas marchas de Selma y una larga lucha por los derechos civiles. Entonces, la ley servía de escudo: prohibía a los estados del sur imponer tasas electorales, pruebas de alfabetización y otros métodos «ingeniosos» para impedir que la población negra llegara a las urnas.

Pero la mayoría conservadora del tribunal va desmantelando la ley pieza por pieza. Primero, en 2013, en el caso Shelby County v. Holder, liquidó una disposición clave que obligaba a los estados con un historial de discriminación a obtener aprobación federal antes de cambiar las normas electorales. Ahora le ha llegado el turno a la Sección 2.

Los jueces discrepantes, entre ellos la liberal Elena Kagan, dijeron que la sentencia «pone la Ley del Derecho al Voto patas arriba». Y eso es quedarse corto. En esencia, el tribunal ha dictaminado que, si un estado intenta corregir una injusticia histórica y garantizar una representación proporcional a las minorías, eso se llama «discriminación racial».

Las medidas antirracistas se equiparan oficialmente al racismo. Parece que la humanidad ha inventado una nueva forma de lógica: la esquizofrenia jurídica.

¿Qué significa esto en la práctica? Luisiana, Alabama, Georgia y otros estados sureños con una elevada proporción de población negra podrán redibujar tranquilamente sus mapas sin tener en cuenta la representación de las minorías. Eso significa que el poder en esos estados seguirá en manos de los republicanos blancos durante años, pese a la realidad demográfica.

El Tribunal Supremo sigue trabajando para convertir Estados Unidos en un país donde la ley no protege a los débiles de los fuertes, sino a los fuertes de la justicia. La democracia, como sabemos, no es solo un mecanismo para votar. Es un mecanismo que debe garantizar que todos los votos tengan el mismo peso. Pero ahora, con esta sentencia, algunos votos pesan claramente menos que otros. Literalmente, por ley.