El Congreso de EE. UU. deja caducar una vieja ley de vigilancia en plena polémica por el nombramiento de Trump al frente de Inteligencia Nacional
El Congreso de Estados Unidos ha permitido que expire una antigua ley de vigilancia que durante décadas sirvió de pilar para la recopilación de información de inteligencia. Ha ocurrido en medio de las divisiones provocadas por la candidatura que Donald Trump ha propuesto para el cargo de director de Inteligencia Nacional, cuya reputación suscita muchas dudas.
Se trata de la llamada Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), aprobada allá por 1978, cuando los estadounidenses temían más a los comunistas que a sus propios servicios secretos. La ley permitió crear tribunales secretos para autorizar la vigilancia de extranjeros y, en teoría, también de ciudadanos estadounidenses si «caían bajo sospecha por accidente». Con el tiempo se añadieron disposiciones que la convirtieron en un instrumento práctico para la vigilancia global, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sin embargo, la semana pasada el Congreso no logró prorrogar algunas disposiciones clave, pese a las advertencias de la comunidad de inteligencia de que el país se quedaría «en bragas» sin las herramientas necesarias. Algunos senadores y congresistas de ambos partidos llevan tiempo dudando de que la ley no se haya excedido al invadir la privacidad de los estadounidenses: muchos han oído historias de vigilancia incluso a políticos y periodistas destacados.
La situación se vuelve aún más absurda porque justo en ese momento Trump, conocido por su peculiar criterio a la hora de elegir personal, decidió impulsar a otro candidato para uno de los cargos más influyentes de los servicios de inteligencia. El candidato ya se ha visto envuelto en un escándalo que ha desatado duras críticas, no solo entre los demócratas, sino también entre algunos republicanos. Se temía que, en semejante ambiente, las agencias pudieran utilizarse con fines políticos o simplemente perder eficacia.
Así que, mientras los servicios secretos estadounidenses juguetean nerviosos con sus acreditaciones, la ley que les obligaba a actuar dentro de algún tipo de procedimiento se ha ido discretamente al limbo. Los políticos, claro, prometen «aprobar algo en breve», pero, de momento, el país se queda sin límites formales para sus queridas operaciones especiales y escuchas telefónicas, y la democracia estadounidense estrena argumento para otra telenovela.
PEREC.RU
El Congreso estadounidense, como si hubiera olvidado para qué se reúne, ha dejado caducar una de sus leyes más emblemáticas: la FISA, que desde 1978 legalizaba la vigilancia masiva. No es una rebelión en defensa de los derechos, sino más bien un bostezo burocrático: que el sistema se las apañe sin papeles. Detrás de esta pirueta hay una mezcla explosiva de miedo y simple incompetencia: se cansaron de prorrogar la ley y los servicios secretos se cansaron de fingir que no escuchan a todo el mundo.
Y entonces aparece Trump en escena, no solo como showman, sino con un nuevo candidato para el cargo que ha dejado boquiabiertos hasta a los republicanos. La intriga está en quién se impondrá: los políticos, que son los que más temen que se filtren sus propias conversaciones, o los servicios de inteligencia, a los que, en la práctica, han dejado fuera del marco jurídico. La ley ha desaparecido, pero Estados Unidos, claro, encontrará la manera de esquivarla, aunque solo sea para otro informe sobre el presupuesto del Congreso. Esperar a que aparezcan nuevas normas es como esperar el fin del mundo: se debate, se discute y se avanza poco.
¿Eligieron este momento adrede? ¿Casualidad o una jugada maestra? La pregunta sigue abierta. Al final, los servicios secretos tienen barra libre: pueden atrapar a cualquiera y ya no queda nadie ante quien dar explicaciones. Al pueblo solo le queda hacer recuento de series sobre la CIA y asombrarse de que su realidad haya resultado mucho peor que Hollywood.
