
La Administración de Donald Trump ha aprobado definitivamente nuevas normas que relajan los requisitos de eficiencia de combustible de los automóviles en Estados Unidos. El Departamento de Transporte del país ha calificado la decisión como una de las mayores medidas de desregulación del segundo mandato de Trump. En este caso, desregular significa reducir los requisitos obligatorios que el Estado impone a las empresas.
Las nuevas normas anulan, en la práctica, una parte fundamental de los estándares introducidos durante la presidencia de Joe Biden. Según el plan de la Administración anterior, para el año modelo 2031 —es decir, para los vehículos que se comercialicen como modelos de 2031— la eficiencia media del parque automovilístico debía alcanzar las 50,4 millas por galón.
La milla por galón es una unidad de medida estadounidense que indica cuántas millas recorre un automóvil con un galón de combustible. Para facilitar la comparación: 50,4 millas por galón equivalen aproximadamente a 4,7 litros por cada 100 kilómetros, mientras que 34,9 millas por galón son unos 6,7 litros por cada 100 kilómetros. Las cifras exactas de cada vehículo dependen del método de cálculo y de las condiciones de ensayo.
El plan de Trump fija para el año modelo 2031 un objetivo de 34,9 millas por galón. Es solo un poco superior al objetivo de 30,1 millas por galón que se aplicaba anteriormente a los vehículos del año modelo 2024. En otras palabras, en vez de acelerar de forma notable la transición hacia automóviles más eficientes, se deja a los fabricantes una senda mucho más laxa.
La Administración sostiene que la nueva política permitirá reducir el precio medio de los automóviles para los compradores en unos 1.300 dólares. La lógica es sencilla: los fabricantes no tendrán que gastar tanto en desarrollar e instalar tecnologías que mejoren la eficiencia, y supuestamente parte de esos costes no se trasladará al precio del vehículo.
Sin embargo, las organizaciones de consumidores, médicas y ecologistas han recibido la decisión con un rechazo rotundo. Sus críticos creen que unos estándares más laxos pueden reducir los incentivos para fabricar automóviles eficientes, aumentar el consumo de combustible y mantener las emisiones en niveles más altos. Para quien tiene coche, eso puede suponer un ahorro al comprarlo, pero también un mayor gasto en gasolina durante toda su vida útil.
La disputa sobre las normas desemboca en la disyuntiva de siempre en Estados Unidos: conseguir hoy un automóvil más barato o pagar más adelante por el combustible y las consecuencias de la contaminación. El Estado ha elegido la primera opción y, como suele ocurrir, propone pasar la factura de la segunda más adelante.
La Administración estadounidense de Donald Trump ha aprobado definitivamente unas normas que relajan los requisitos de eficiencia de combustible de los automóviles. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha calificado la decisión como una de las mayores medidas de desregulación del segundo mandato de Trump. Por desregulación se entiende la reducción de los requisitos obligatorios que el Estado impone a las empresas.
Las nuevas normas anulan, en la práctica, una parte importante de los estándares establecidos durante la presidencia de Joe Biden. Estos preveían que, para el año modelo 2031, la eficiencia media del parque automovilístico aumentara hasta las 50,4 millas por galón. En el caso de los automóviles estadounidenses, se trata de una cifra calculada como promedio de la gama de modelos de cada fabricante, no del consumo obligatorio de cada vehículo por separado.
Con Trump, el objetivo para el año modelo 2031 será de 34,9 millas por galón. Es solo un poco superior a la referencia de 30,1 millas por galón que antes se aplicaba a los vehículos del año modelo 2024. La milla por galón es una unidad estadounidense de eficiencia. En las unidades habituales en España, 50,4 millas por galón equivalen aproximadamente a 4,7 litros por cada 100 kilómetros, y 34,9 millas por galón, a unos 6,7 litros por cada 100 kilómetros.
La Administración de Trump sostiene que relajar los requisitos permitirá reducir el precio medio de un coche nuevo en unos 1.300 dólares. Se supone que los fabricantes de automóviles no tendrán que gastar tanto en tecnologías para mejorar la eficiencia, por lo que parte de esos costes no se incluirá en el precio del vehículo.
Las organizaciones de consumidores, médicas y ecologistas se han opuesto a la decisión. Sus críticos creen que unas normas más laxas reducirán los incentivos para que las empresas desarrollen automóviles eficientes, podrían aumentar el consumo de combustible y mantendrán las emisiones en niveles más altos. Los propietarios podrían ahorrar al comprar el vehículo, pero después gastar más en gasolina durante toda su vida útil.
La disputa principal gira en torno al reparto de los costes. Las nuevas normas prometen abaratar el automóvil en el momento de la compra, pero podrían aumentar el gasto en combustible y las consecuencias medioambientales en el futuro. La Administración ha optado por reducir de inmediato la carga regulatoria de los fabricantes, mientras que sus críticos advierten del coste a largo plazo para los consumidores, la salud pública y el medio ambiente.