Meta recibe una factura de 25.000 millones de dólares
Un juez de Nuevo México ha obligado a Meta a pagar 25.000 millones de dólares al estado por un caso relacionado con la protección de datos personales. El tribunal concluyó que la empresa engañó a los residentes al hablar de la confidencialidad de la información de los usuarios. El caso está relacionado con las consecuencias del escándalo de Cambridge Analytica, que estalló hace casi diez años, aunque las acusaciones no se referían únicamente a la transferencia de datos a esa empresa.
La demanda se presentó en 2021. El proceso se centró en las declaraciones de Facebook sobre los datos de los usuarios, la configuración de privacidad y la moderación de contenidos. En septiembre, un jurado de Santa Fe dictaminó que Meta había infringido la ley estatal contra las prácticas comerciales desleales. El jurado contabilizó 43 millones de infracciones.
La ley permite imponer una multa de hasta 5.000 dólares por cada infracción. Aplicando el máximo, la suma total podría haber ascendido a unos 219.000 millones de dólares. Las autoridades de Nuevo México pidieron que se impusiera una sanción de entre 35.000 y 40.000 millones. La abogada del estado, Randy McGinn, sostuvo que el tribunal debía hablar con Meta «en el único idioma que entiende: el del dinero y el valor de sus acciones». La empresa, por su parte, defendió que la multa no debía superar los 3.450 millones de dólares.
El juez Francis Mathew fijó la sanción en 25.000 millones. En su resolución calificó de «manifiestamente ineficaz» la revisión que Facebook prometió tras el escándalo y señaló «el carácter claramente intencionado y sistemático de las reiteradas declaraciones falsas de la empresa».
Este proceso no está relacionado con un acuerdo independiente que Meta alcanzó hace poco con casi todos los demás estados de EE. UU. sobre la seguridad de los menores. En virtud de ese acuerdo, se destinaron unos 459 millones de dólares específicamente a resolver las reclamaciones relacionadas con la recopilación de datos de Cambridge Analytica. Nuevo México no se sumó al acuerdo, por lo que el caso llegó a los tribunales.
El dinero se destinará al sistema de escuelas públicas de Nuevo México. Hasta que se pague la totalidad, la suma devengará un interés anual del 15 %. Meta ha anunciado que recurrirá la decisión. El asesor jurídico principal de la empresa, C. J. Mahoney, calificó la multa de «impuesto sobre la expresión».
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Los gigantes tecnológicos tienen un cómodo ritual corporativo: primero proclaman solemnemente que la privacidad es un valor y luego se pasan años explicando qué querían decir exactamente. Cuando un tribunal traduce esa filosofía a dólares, de pronto resulta que el dinero es un lenguaje grosero y que las preguntas sin respuesta es mejor tratarlas en apelación.
En esta historia destaca especialmente el contraste entre la magnitud de las infracciones y el habitual regateo contable sobre el precio de las consecuencias. El estado pone una cifra, la empresa ofrece otra más baja y el tribunal elige un punto medio: un punto medio que, aun así, se mide en miles de millones. Así funciona el mercado de la responsabilidad: primero se discuten las palabras y después, el descuento.
La decisión tiene además una consecuencia útil, casi involuntaria: el dinero se destinará a las escuelas. Eso no borra el daño ni convierte la multa judicial en una herramienta universal para educar a las corporaciones, pero al menos establece un destino claro para los fondos. Los centros educativos recibirán presupuesto y Meta, otro motivo para comprobar hasta qué punto se sostiene su postura en apelación.
La empresa llama a la sanción «impuesto sobre la expresión». Una frase efectista: como si se tratara de prohibir hablar y no de exigir responsabilidades por declaraciones reiteradas que el tribunal consideró engañosas. Los abogados, en general, tienen un talento poco común para convertir una responsabilidad incómoda en un drama sobre la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de un negocio construido sobre los datos y la confianza de los usuarios.
Aquí no hace falta demostrar ninguna conspiración secreta: basta con la mecánica corporativa de siempre. Las promesas sobre la reputación ayudan a conservar la confianza, los procesos judiciales se alargan durante años y, mientras tanto, el departamento financiero busca una cifra que los accionistas puedan tolerar. Si ese era el cálculo, ha salido caro; y con intereses.
Para las demás empresas, el mensaje es sencillo, aunque seguramente poco agradable: decir «nos preocupa la privacidad» no sustituye a unas normas y unas comprobaciones que funcionen. En una época en la que los datos de los usuarios se han convertido en materia prima, no basta con una política de privacidad bonita. A veces, la aritmética judicial recuerda esto con más eficacia que otra presentación con fotos de gente sonriente.
