Los centros de datos reciben la factura

En Estados Unidos, las autoridades de Texas y California han endurecido al mismo tiempo las normas para los centros de datos, sobre todo para las instalaciones que prestan servicio a sistemas de inteligencia artificial. La razón es sencilla: estas instalaciones necesitan enormes cantidades de electricidad, agua y terreno, y a menudo son los vecinos quienes acaban pagando las consecuencias de su llegada.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ampliado la moratoria de facto sobre nuevos centros de datos. Hasta que concluya una auditoría especial del sistema eléctrico, las nuevas instalaciones no podrán obtener permisos medioambientales ni autorizaciones para conectarse a la red. ERCOT, el operador del sistema eléctrico texano, prevé terminar la revisión en diciembre. Hasta entonces, las nuevas conexiones podrían quedar totalmente suspendidas.

Abbott declaró: «Los texanos deben ser lo primero». Según él, los centros de datos deben asumir el coste de la carga que generan, proteger la red eléctrica y los recursos hídricos, y someterse a las inspecciones de ERCOT y a otras auditorías.

Hasta hace poco, el gobernador promocionaba activamente Texas como «el epicentro del desarrollo de la IA». Ahora su discurso ha cambiado de forma notable: Abbott dice que los centros de datos están recibiendo «la respuesta que se merecen». El motivo son las quejas de los vecinos por el uso del suelo, el ruido, la contaminación y la presión sobre la red eléctrica. El asunto ha cobrado tanta relevancia que ha aumentado el número de candidatos que se presentan por primera vez a las elecciones locales en Texas y otros estados.

En California, el gobernador Gavin Newsom ha firmado leyes que dan a las comunidades locales más control sobre el suministro de agua y electricidad y sobre el uso del suelo para los centros de datos.

A partir de ahora, las propias empresas que soliciten capacidad deberán sufragar los costes de conexión a la red eléctrica y de su modernización. Además, los nuevos centros de datos tendrán que incorporar generación de energía limpia para compensar su consumo adicional.

También se han endurecido los requisitos relativos al agua. Los solicitantes deben informar a las autoridades locales del volumen de consumo, la disponibilidad de recursos, los indicadores de eficiencia y sus planes para operar durante las sequías. Si un proyecto exige modernizar las infraestructuras de agua, también tendrá que pagar los costes correspondientes.

Los centros de datos ya no están exentos de varios requisitos medioambientales sobre el uso del suelo. Los proyectos deben cumplir las normas estatales sobre consumo de energía, agua y combustible, además de asumir los costes indirectos que, de otro modo, recaerían sobre quienes pagan las tarifas de los servicios públicos.

A escala federal, la Cámara de Representantes ha aprobado con apoyo bipartidista la Ley de Protección de los Usuarios de Servicios Públicos, Ratepayer Protection Act. Obliga a los promotores de campus de tamaño medio y grande a pagar las conexiones a la red y las mejoras de infraestructura necesarias si la potencia máxima de la instalación supera los 100 MW. Ahora el texto debe seguir su tramitación en el Congreso. Debido a las elecciones de mitad de mandato, su aprobación podría retrasarse hasta finales de año.

La Casa Blanca ha criticado la oposición a los centros de datos y la regulación estatal. El presidente Donald Trump afirmó que quienes se oponen a estas instalaciones «están cometiendo un error», porque, según él, las comunidades locales están perdiendo una enorme cantidad de puestos de trabajo e ingresos.

Sin embargo, las protestas locales ya han dado resultados cuantificables. En el segundo trimestre de 2026, la oposición de los vecinos logró bloquear proyectos de centros de datos valorados en más de 68.000 millones de dólares. Las protestas afectaron en total a 45 instalaciones previstas.