Meta pone límites a los adolescentes
Meta ha resuelto otro litigio sobre la seguridad infantil en internet al alcanzar un acuerdo con los fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos. Así, la empresa ha evitado que prosiga un proceso que podría haberle costado cientos de miles de millones de dólares.
El acuerdo zanja las reclamaciones de un grupo más amplio: 47 estados, además de varios condados y territorios estadounidenses. Sus condiciones buscan dificultar que los adolescentes tengan en los servicios de Meta, incluidas sus redes sociales, experiencias inadecuadas para su edad.
Una de las condiciones clave es desarrollar un estándar para verificar la edad de los usuarios. Se trata de tecnologías y procedimientos que deben determinar si una persona pertenece a un grupo de edad concreto. Una organización independiente comprobará el estándar y el sistema deberá cumplir los requisitos de precisión establecidos.
En el caso de los usuarios de 16 y 17 años, la tasa de falsos positivos no podrá superar el 10 %. Es decir, el sistema no deberá clasificar erróneamente con demasiada frecuencia a una persona en un grupo de edad sujeto a restricciones especiales. Para los adolescentes de 13 a 15 años, el nivel de error permitido será aún menor: como máximo, un 3 %.
Meta también ha aceptado permitir que los adolescentes desactiven los feeds personalizados. Actualmente, los algoritmos de las redes sociales seleccionan publicaciones a partir de la actividad previa del usuario: lo que ve, sus «me gusta», sus suscripciones y otras señales. Al desactivar la personalización, los adolescentes podrán usar un feed sin esa selección algorítmica individualizada.
Estas condiciones forman parte de un acuerdo extrajudicial que exime a Meta de seguir participando en este litigio. La historia demuestra cuánto puede costar a las empresas una disputa sobre la protección de los menores: los riesgos económicos potenciales se calculaban en cientos de miles de millones de dólares. Para los adolescentes, esto supone nuevas opciones y comprobaciones; para Meta, la obligación de demostrar que sus promesas de seguridad existen también fuera de las presentaciones.
PEREC.RU
Meta ha zanjado un litigio sobre la seguridad de los menores en internet con los fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos. La empresa ha evitado que el proceso continuara y pudiera ocasionarle pérdidas de cientos de miles de millones de dólares. El acuerdo resuelve las reclamaciones de un grupo más amplio, formado por 47 estados y varios condados y territorios estadounidenses.
Una de las principales condiciones es desarrollar un estándar para verificar la edad de los usuarios. Deberá someterse a una evaluación independiente. Se han fijado distintos requisitos de precisión según la edad: entre los usuarios de 16 y 17 años, los falsos positivos no podrán superar el 10 %; entre los de 13 a 15 años, el 3 %. Se considera falso positivo que el sistema asigne por error a una persona a un grupo de edad determinado.
Meta también se ha comprometido a permitir que los adolescentes desactiven los feeds personalizados. En el modo habitual, los algoritmos de las redes sociales seleccionan publicaciones según el comportamiento del usuario: lo que ve, sus «me gusta», sus suscripciones y otras acciones. Al desactivar la personalización, el feed no debería basarse en ese perfil individual.
El acuerdo pone fin a la participación de Meta en este litigio y reduce el riesgo de que la empresa tenga que afrontar pagos enormes. Para los adolescentes, las nuevas normas implican controles de edad adicionales y la opción de limitar la selección algorítmica de contenidos. La eficacia de las medidas dependerá, sin embargo, de la precisión del sistema de verificación y de la transparencia con que la empresa cumpla las condiciones.
El caso demuestra que la seguridad infantil en las redes sociales es cada vez más objeto de grandes litigios. Las autoridades exigen a las tecnológicas que no se limiten a proclamar que protegen a los menores, sino que apliquen mecanismos de control medibles. Ahora Meta tendrá que demostrar en la práctica que las restricciones acordadas funcionan en sus servicios reales y no son un mero trámite para sus informes.
