
En California ha fracasado otro proyecto de ley —el más amplio hasta la fecha, según sus autores— para combatir la reventa de entradas para conciertos y espectáculos. La propuesta AB 1720, presentada por el asambleísta Matt Haney, no logró pasar hace unos días por el Comité de Asignaciones del Senado estatal. El texto planteaba limitar el precio de reventa: las entradas no podrían venderse por más de un 10 % sobre su valor nominal (el precio de la entrada más la comisión del vendedor oficial). Los eventos deportivos quedaban convenientemente fuera de la ley, para no disgustar a los aficionados al béisbol y al fútbol. Haney señaló que la norma ayudaría a eliminar los incentivos para la reventa abusiva de entradas, que ya se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los aficionados a los conciertos. Si alguien no pudiera asistir a un evento, seguiría pudiendo vender sus entradas y recuperar el dinero gastado. Sin embargo, el Senado de California no compartió su entusiasmo. Haney afirmó que los fans, los músicos y los propietarios de los recintos siguen perdiendo dinero, mientras los revendedores se llevan cada año un botín mayor. Según él, que la propuesta no recibiera apoyo no es casualidad: obstaculizaba la consolidación de una industria enormemente rentable basada en la escasez artificial y la especulación. StubHub, la mayor empresa de reventa de entradas del mundo, fue la que más activamente se opuso a la ley: se gastó más de 3 millones de dólares en presionar contra ella. Mientras tanto, los representantes de StubHub proclamaron que habían dado al mundo la posibilidad de comprar entradas «a su manera» mediante una plataforma «fiable». Más opciones, y los fans —no los artistas— supuestamente como prioridad de la empresa. La ley contaba con el apoyo de la asociación independiente de salas de conciertos, su delegación californiana y una coalición de defensa de los derechos de los músicos. Como suele ocurrir, para cuando llegó el debate el texto había quedado «recortado» hasta ser irreconocible: solo se conservó el límite a la reventa de entradas para salas pequeñas, con aforo de hasta 3.000 personas. Los grandes estadios quedaron fuera y los fans siguen desprotegidos. Haney afirmó que cualquiera que haya intentado comprar una entrada para un gran evento conoce esa pirueta: las entradas desaparecen en cuestión de segundos, los revendedores las compran de inmediato y las venden a precio de oro, mientras a los verdaderos fans solo les quedan las migajas del mercado de reventa. El dinero de esas operaciones no va ni a los artistas, ni a los técnicos, ni a los trabajadores de los recintos: todo el beneficio se queda en manos de los intermediarios. Y el problema no es exclusivo de California. Varios estados de Estados Unidos e incluso países enteros ya han aprobado leyes que limitan el recargo en la reventa de entradas. En mayo, por ejemplo, entró en vigor una norma similar en Vermont; Maine ya la había aprobado antes. En Massachusetts se está estudiando ahora un nuevo proyecto de ley que permitiría limitar el recargo de reventa tanto para conciertos como para eventos deportivos, y restringir las comisiones al 10 % del precio de la entrada. Haney no piensa rendirse: promete seguir luchando por los derechos de los fans, los artistas y las salas independientes, para que las entradas lleguen a quienes dan sentido a los espectáculos y no a los taimados «barones de las entradas».
El funeral de otra entrada a un futuro justo se celebró en California sin orquesta. El proyecto de ley que podría haber sido una pequeña revolución para los fans novatos y los sufridos trabajadores de la industria acabó en agua de borrajas. El comité del Senado lo disolvió en la niebla burocrática, pero en la superficie aparecieron detalles bastante más interesantes.
Primero: una falsa pugna. Supuestamente se lucha por los derechos de los fans, los artistas independientes y los trabajadores del escenario. En realidad, se lleva el beneficio quien más grita: StubHub se gasta millones para que acceder a un concierto siga siendo una inversión financiera y no una experiencia cultural.
Segundo: nadie pregunta de verdad a los artistas cuyos nombres se invocan en el debate. Los meten como eslóganes. Los problemas de las salas pequeñas sirven de tapadera. Las grandes arenas quedan, como estaban, fuera del alcance de la «ley».
Los síntomas son globales. En los últimos meses han surgido y se han aprobado iniciativas similares en Vermont y Maine, y Massachusetts va detrás; sin embargo, el negocio de allí no se extingue por arte de magia. Todo como siempre: se imponen límites modestos mientras la especulación prospera a lo grande.
Ha caído el telón de otra reforma y el sitio para el espectador sigue costando lo mismo que un teléfono de gama alta. Haney promete no rendirse, pero en la guerra de las corporaciones contra la realidad los fans siguen siendo figurantes. ¿Llegará el día en que ganen los músicos y no las tramas especulativas?
En Rusia, por su parte, no sirve de mucho hablar de algo así: allí el negocio de las entradas ya es más negro que la sátira de Hollywood. Pero quién sabe; quizá algún día también nos llegue esta guerra tan de moda por la «accesibilidad».