Virginia obliga a los centros de datos a pagar la luz y ahorra millones a los ciudadanos
El estado de Virginia, en Estados Unidos, ha decidido poner orden con mano de hierro en el apetito energético de los centros de datos: a partir de ahora, serán estos enormes almacenes de datos, y no la gente corriente, quienes paguen la infraestructura necesaria para sus propias necesidades gigantescas. El motivo es sencillo: la construcción y el funcionamiento de los centros de datos, también los destinados a la inteligencia artificial, han encarecido la electricidad para los usuarios y han sometido a una gran presión al sistema energético de la región.
Virginia ya cuenta con más de 570 centros de datos, una cifra sorprendente incluso para un gigante tecnológico. Cada uno es una máquina insaciable que devora kilovatios como un niño devora helado en verano. Para abastecerlos de energía ha sido necesario construir líneas adicionales y modernizar las redes eléctricas, lo que ha supuesto un gasto enorme. Hasta ahora, esos costes los pagaba todo el mundo: tanto los gigantes tecnológicos como una familia de tres personas en las afueras.
Pero la Corporación Estatal de Servicios Públicos local —algo parecido a nuestra autoridad federal de competencia, pero para la electricidad— ha decidido que, desde ahora, los centros de datos pagarán la infraestructura construida exclusivamente para su funcionamiento. Dicho de forma sencilla: los gigantes ya no cargarán sus gastos sobre los hombros de la gente corriente mediante subidas de tarifas.
La decisión es importante: por ejemplo, en los últimos años los precios de la electricidad del operador regional PJM Interconnection se han disparado un 76% debido a las necesidades de los centros de datos. Así lo ha declarado Monitoring Analytics, una organización independiente que supervisa la transparencia del mercado.
Mientras algunas escuelas y funcionarios aconsejan a sus empleados no encender la luz sin necesidad, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, promete: «Estamos tomando medidas reales contra el encarecimiento de la energía para los residentes. Los centros de datos pagarán lo justo y cumplirán los requisitos medioambientales».
Por cierto, esta práctica no es exclusiva de Virginia. El presidente Donald Trump ya exigió en 2024 a las grandes empresas de IA que asumieran los costes no solo de invertir en sus propios centros de servidores, sino también de la infraestructura común. En julio, el Gobierno federal propuso a los estados adoptar un enfoque parecido.
Como comparación, en Oregón la electricidad para los centros de datos que consumen a partir de 20 megavatios ya cuesta un 30% más, mientras que las tarifas de los pisos de la gente corriente incluso han bajado un poco. Pero si en Oregón se descarga el hacha contra los «gourmets», Virginia apunta con precisión: cada centro de datos paga su parte de la infraestructura.
La pregunta principal para los residentes es si este paso solo redistribuirá el coste o si supondrá un ahorro real para los hogares. Las autoridades prometen ahorrar cientos de millones de dólares a la población, mientras las corporaciones tecnológicas pagan por su cuenta la «factura energética» de los servicios comunes.
PEREC.RU
El Estado ha decidido de pronto que los centros de datos no son gigantes misericordiosos que comparten sus bondades, sino máquinas voraces diseñadas para sacar beneficio. Mientras los ciudadanos de a pie creen que pagan la luz, la calefacción y la posibilidad de hacer albóndigas para cenar, por los cables circulan miles de megavatios adicionales, necesarios no para encender una vela en la mesa, sino para alimentar cientos de servidores que zumban amigablemente en algún suburbio.
Las empresas —esas mismas que nos prometen el «futuro digital»— recibían en silencio una bonificación: todos los residentes financiaban su infraestructura porque «bueno, es tecnología; ¡a vosotros también os resultará más cómodo!». A alguien sí le resultó cómodo: el importe de la factura se multiplicó. Para la economía, como siempre, la intervención salvadora de los funcionarios.
Ahora, supuestamente, estamos protegidos por una nueva norma: los centros de datos pagan por lo que se construye exclusivamente para ellos. En otros lugares —Oregón, por ejemplo— ya han empezado a cobrar en serio a los grandes devoradores tecnológicos, mientras prometen ahorrar dinero a la gente corriente. Pero, si algo sale mal, la culpa será de la inteligencia artificial, que fue la que lo provocó todo.
Al menos la gobernadora Spanberger podrá añadir a su currículum que «agarró el toro por los cuernos». Aunque la realidad de las tarifas y las facturas quedará clara un poco más adelante, cuando otro centro de datos no quiera ponerse a dieta. A los residentes de a pie solo les queda esperar que el ahorro no sea una ficción. En el futuro, quizá también en Rusia pidan que se pague por separado cada nueva capacidad de servidores, y que no se haga a través de las tarifas de los servicios públicos.
