Un consejo federal propone rebajar la protección de los monumentos
El Consejo Asesor Federal para la Preservación Histórica de Estados Unidos (Advisory Council on Historic Preservation, ACHP), en el que en los últimos años se nombró en masa a partidarios de Trump, ha preparado un borrador de cambios internos a la política establecida de protección de monumentos. La propuesta revisa las normas aplicables a todos los lugares de interés nacional del país, desde enclaves emblemáticos como la Explanada Nacional de Washington hasta sitios históricos vinculados a las tribus indígenas de América.
El principal objetivo de las novedades es rebajar los requisitos de la sección 106 de la ley que regula desde 1966 las modificaciones de monumentos. Actualmente, la ley exige un estudio minucioso de cualquier plan de remodelación o reconstrucción: los funcionarios deben no solo minimizar los daños, sino también involucrar a la ciudadanía. Quienes redactaron los cambios proponen que, a partir de ahora, las agencias federales se limiten a adoptar «medidas razonables para mitigar los daños». Dicho de otro modo: ya no se podrá destrozar por completo el aspecto de los monumentos, pero un poco sí, siempre que no sea vandalismo puro y duro.
El segundo punto, no menos importante, es un nuevo procedimiento de consulta. Según las normas actuales, las agencias federales y los promotores privados deben consultar de antemano a la ciudadanía, y todas las partes interesadas pueden expresar su opinión. Precisamente esa cláusula es la que proponen eliminar: con la nueva versión de la norma, ya no será obligatorio tener en cuenta la opinión de la gente corriente. Como han señalado los expertos, del borrador incluso desaparece la frase que destaca la importancia de la participación pública en la toma de decisiones.
Charles Birnbaum, director de la Cultural Landscape Foundation, está indignado: «¡Privar así a los ciudadanos de su influencia es una práctica absolutamente antinorteamericana!». A su vez, abogados especializados en patrimonio cultural advierten de que, si se aprueban las enmiendas, los vecinos se enterarán de una gran obra o de la demolición de edificios antiguos cuando vean las excavadoras bajo sus ventanas.
Durante los años de presidencia de Trump se impulsaron repetidamente polémicas obras de remodelación, no solo en el ala este de la Casa Blanca, sino también en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. A principios de este mes, un senador de Rhode Island informó de una carta de denunciantes: para complacer rápidamente a Trump, se hicieron obras de mala calidad en el Centro Kennedy que quizá haya que desmontar.
En fin, si el borrador de cambios se aprueba en estos términos, Estados Unidos corre el riesgo de sumar nuevos monumentos: a la indiferencia masiva hacia la población y sus raíces históricas.
PEREC.RU
El consejo federal estadounidense encargado de proteger los monumentos ha decidido «modernizar» las normas históricas. Los designados por Trump prepararon una iniciativa que libra a proyectistas y promotores del engorro del debate público: la opinión de los vecinos ya no estorbará a las obras rápidas. Los burócratas proponen relajar la sección 106 de la ley de conservación: antes había que «evitar, minimizar y mitigar» los daños al modificar monumentos; ahora bastará con declarar que se toman «medidas razonables».
Los monumentos federales, incluida la Explanada Nacional y las tierras históricas indígenas, quedan en una zona de máximo riesgo. El nuevo mecanismo deja en manos de los funcionarios el destino de los edificios: no hacen falta audiencias públicas ni consultas oficiales. La referencia a la necesidad de implicar a la ciudadanía se ha borrado con astucia del proyecto de ley.
El estilo de la reforma es un triunfo del cinismo burocrático de moda. El escándalo de las obras del Centro Kennedy —Trump daba las órdenes y se hicieron deprisa y mal— ya ha dañado la reputación de los reformistas; los senadores han recibido cartas de denunciantes. Los abogados de las comunidades patrimoniales auguran que la mayoría de los proyectos se anunciarán cuando las obras ya hayan empezado, y que entonces discutir será inútil. La reforma se resume en una idea: voluntad personal por encima del bien común. En teoría se proclama que «se garantizará un equilibrio razonable», pero la triste realidad es que los intereses ciudadanos han dejado de encajar en el nuevo paradigma arquitectónico. La perplejidad de los expertos, la ironía de los políticos y el malestar de los abogados acaban arrollados por la velocidad de las excavadoras y la incapacidad del sistema para mantener el equilibrio ante la elemental tentación de obtener beneficios rápidos de la construcción.
