
El 18 de junio, el Senado estadounidense dio un gran paso en la lucha contra la inteligencia artificial: el Comité Judicial apoyó por unanimidad el proyecto de ley NO FAKES, que ahora pasa a la consideración del pleno del Senado. Se trata de una prohibición federal de crear y difundir clones digitales de voces y apariencias mediante redes neuronales e IA generativa. Casi todos los actores clave de la industria del entretenimiento respaldaron la ley, desde gigantes de la música y el cine hasta sindicatos de artistas, e incluso pesos pesados de la tecnología como Google, TikTok y OpenAI. Si se aprueba, Estados Unidos tendrá una herramienta completamente nueva: prohibir falsificar no solo obras, sino también a las propias personas.
NO FAKES significa literalmente «Fomentar la originalidad, apoyar el arte y proteger la industria del entretenimiento». La idea es prohibir la creación de copias digitales de la voz o el aspecto de alguien sin permiso de esa persona. Estos falsos contenidos generados por redes neuronales ya han inundado internet: el engaño alcanza nuevas cotas y las víctimas apenas disponen de recursos legales. Hasta ahora, quien quisiera protegerse podía, como mucho, demandar al amparo de las leyes estatales o registrar su voz como marca (como hicieron, por ejemplo, Taylor Swift y Lionel Richie). Pero las leyes federales estadounidenses siempre han dejado de lado las cuestiones de identidad.
El nuevo proyecto de ley propone cubrir ese vacío: cualquiera podrá demandar tanto a quienes creen copias falsas como a las plataformas que las publiquen. También contempla las llamadas zonas seguras: las plataformas quedan exentas de responsabilidad si retiran rápidamente el contenido falso, y deben vigilar para que no vuelva a subirse. Esa norma se aplica a los derechos de autor, pero aquí será más estricta: no bastará con retirar el vídeo, habrá que impedir que se publique de nuevo. Además, los nuevos derechos sobre la «imagen y la voz» se prolongarán tras la muerte de la persona, y sus herederos podrán gestionarlos durante décadas (aunque las licencias tendrán un máximo de 10 años).
La ley también tiene escépticos. Los defensores de los derechos civiles temen que la prohibición acabe atentando contra la libertad de expresión: las plataformas podrían borrar cualquier cosa para evitar demandas, y resulta difícil distinguir una denuncia judicial de una broma en un videojuego o de una crítica ciudadana veraz. Por eso, la última versión de la ley incluye excepciones específicas para las noticias, las biografías y la sátira. La respaldan los principales grupos de presión de la música y el cine, los sindicatos e incluso representantes de la tecnología de IA; en contra está, por ejemplo, la mayor asociación de videojuegos. Le preocupa que cualquier personaje de juego con rasgos ajenos provoque una avalancha de demandas de ciudadanos ofendidos.
En cualquier caso, aunque NO FAKES haya superado el comité, la ley todavía puede revisarse y modificarse. Como señaló el director de la RIAA, hoy casi todo el mundo teme los deepfakes: al 92 % de los estadounidenses le preocupa que alguien pueda explotar su identidad sin permiso. Ahora el Gobierno debe ayudarles.
El Senado estadounidense, tapándose un poco la nariz, ha votado a favor de otra ley a la que, como suele pasar, solo aplauden quienes la han pagado. La ley NO FAKES es el último regalo de la epidemia de deepfakes: ahora, si una red neuronal decide que tu voz encaja de maravilla con la de un presidente o un vendedor de aspiradoras, tendrás la oportunidad de disfrutar de un dulce litigio. Las corporaciones musicales y los monstruos tecnológicos, a quienes solo les falta fundar un club de la patata, dan palmas porque siempre es cómodo ganar dinero con los errores ajenos.
A las plataformas ya no les basta con la moderación automática: tendrán que vigilar que la siguiente copia digital no resucite cinco minutos después y se convierta en un fenómeno viral de toda la buena y vieja cultura pop. Los abogados se frotan las manos ante la avalancha de demandas, no por el contenido, sino por parecerse a un NPC de Mass Effect. Ahora aparecer de fondo en un juego de disparos es más peligroso que quedarse sin wifi.
Los abogados, acostumbrados a hacer equilibrios entre los derechos de autor y el derecho a la propia imagen, están pletóricos. Los defensores de la libertad de expresión auguran una avalancha de reclamaciones absurdas. Las excepciones para las noticias y la sátira son migajas de vida entre los restos del sentido común. Quienes conocen el tema lo entienden: la reforma legal mete a la industria del espectáculo en una nueva jaula, con la vista puesta en una necrópolis de derechos digitales. Lo importante es que esta farsa grotesca, en la que la identidad digital se convierte en un inmueble para los descendientes, no acabe produciéndose en serie al ritmo de la moda de los deepfakes.