Batalla antimonopolio: Paramount contra los estados

La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD), valorada en la cifra sin precedentes de 110.000 millones de dólares, amenaza con convertirse en la mayor operación del sector de los medios de comunicación de la historia. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de los inversores: doce estados de EE. UU., encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta, han presentado una demanda en la que acusan a la fusión de infringir la legislación antimonopolio. A la protesta se ha sumado también el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, preocupado por la pérdida de puestos de trabajo y la caída de los ingresos de los guionistas.

Mientras Paramount espera cerrar la operación antes de que termine el trimestre, cada día de retraso puede costarle millones en pagos a los accionistas a partir del 30 de septiembre. Pese al reciente litigio, la compañía mantiene sus planes y, con toda probabilidad, ya ha incluido los gastos judiciales en sus cálculos.

Los estados exigen que se prohíba por completo la fusión y señalan tres mercados en los que, supuestamente, las empresas infringen la «Ley Clayton»: la producción de películas para salas de cine, los éxitos de taquilla y el segmento de los canales de televisión por cable. Son precisamente esos los ámbitos de WBD que más interesan a Paramount: los grandes derechos de contenidos y el control de los canales de cable más populares.

Los abogados consideran poco probable que el tribunal acceda a paralizar la operación por completo: es difícil demostrar un «daño irreparable» y, además, el caso de los estados es poco habitual. La mayoría de los expertos espera un acuerdo de compromiso: negociar la venta de algunos activos —por ejemplo, CNN, poco atractiva para Paramount pero muy visible políticamente— o imponer condiciones especiales a la operación para suavizar la competencia.

Según los abogados, los riesgos serios residen en una posible subida de precios para los espectadores: si Paramount-WBD llega a controlar el 34 % de todos los canales de cable estadounidenses, podrá imponer sus precios a los proveedores de televisión por cable, que sin duda trasladarán los costes a los abonados de a pie. Los expertos consideran débil el argumento de los estados sobre la reducción de la diversidad de películas y éxitos de taquilla: el cine ya atraviesa una crisis y la fusión incluso podría salvar el sector.

También señalan que la fusión ni siquiera afecta al mercado del streaming, donde Paramount sigue siendo un pececillo en comparación con el gigante Netflix.

Mientras las partes miden sus fuerzas legales, Paramount supuestamente amenaza incluso con trasladar su negocio fuera de California, por ejemplo a Texas, donde tiene su sede su director estrella, Taylor Sheridan. Pero los abogados no se creen esas amenazas: mientras no haya un traslado concreto de la sede legal, todo es una maniobra de negociación y presión.

Los doce estados que participan en la demanda están gobernados por demócratas. El caso lo decidirá un juez demócrata de California, nombrado por el presidente Biden. Tampoco han faltado las especulaciones políticas: el expresidente Donald Trump se opone a la operación y critica con especial vehemencia la relación con CNN. La gran pregunta es si Paramount y WBD aceptarán hacer concesiones para cerrar antes la operación o intentarán llevar la demanda hasta el Tribunal Supremo, donde quizá encuentren comprensión entre los jueces.