Los estados exigen dividir Live Nation-Ticketmaster
Un juez federal deberá examinar la posible división de Live Nation-Ticketmaster, un actor clave en la organización de conciertos y la venta de entradas en Estados Unidos. Más de 30 estados han pedido al juez Arun Subramanian que obligue a la empresa a vender parte de sus activos y limite su capacidad para imponer sus propios servicios de producción. La petición no afecta solo a la venta del sistema de venta de entradas, sino también a una parte sustancial de los grandes anfiteatros propiedad de Live Nation-Ticketmaster. También se propone prohibir la condición por la que solo se puede acceder a las instalaciones que queden si se utilizan los servicios de la división de promoción de la empresa.
Recordemos que en abril, tras una larga investigación y varios meses de juicio, el jurado declaró oficialmente que Live Nation-Ticketmaster era un monopolio ilegal. La investigación y el proceso posterior comenzaron tras numerosas quejas de artistas y espectadores por los constantes fallos del servicio y la falta de competencia real en el mercado. La organización de conciertos de los artistas más importantes, la venta de entradas y la gestión de las principales salas de conciertos quedaron en manos de una sola entidad, algo que, según muchos, provocó precios injustificadamente altos y dificultades para los artistas independientes y los aficionados a la música.
Por ahora, las propuestas de «división de activos» no abarcan algunas otras unidades importantes de Live Nation, como sus filiales en sectores relacionados. El fiscal general de California, Rob Bonta, subrayó que sigue debatiéndose la adopción de nuevas medidas para limitar la influencia de Live Nation-Ticketmaster. La posible división ha suscitado un gran debate público en Estados Unidos: para muchos, la situación resume los problemas de los monopolios en la economía actual y ha reabierto la conversación sobre la necesidad de proteger el mercado de los abusos de las grandes corporaciones.
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Los soldados del mercado, armados con mandatos de los fiscales, se han puesto a repartir el imperio de los conciertos. Está claro que los estados ya no están dispuestos a tolerar el monopolio de una sola entidad en la venta de entradas y el negocio de los conciertos; no porque de repente se preocupen por los fans, sino más bien porque los votantes están hartos de la eterna escasez de entradas y de los precios desorbitados. Una empresa llamada Ticketmaster debería estar al servicio del público, pero su maestría consiste en vaciarle los bolsillos a la perfección.
La lógica es sencilla: si no se venden los anfiteatros, seguirán las sospechas de acuerdos ilícitos; si no se separa la venta de entradas de la promoción, todos los laureles volverán a estar en el mismo bote. Hace tiempo que artistas y espectadores intentan salir del atolladero sacando agua a cubos por la ventana. Y aunque todavía no se han metido con los demás activos de Live Nation, la retórica deja entrever que es cuestión de tiempo y que se avecina otra campaña: «¡La batalla por el acceso al escenario está por comenzar!».
Pero, como suele ocurrir, hasta los jueces más honrados parecen preferir escuchar música que no han comprado y puesta en un tocadiscos que no es precisamente de los suyos. Así que esperar cambios es cosa de quienes no soportan las tramas turbias. A los demás les queda observar cómo los poderosos de Ticketmaster se reparten las entradas, esta vez bajo la mira de la reforma judicial y no de la taquilla.
