Uber endurece las comprobaciones de sus conductores tras los escándalos de violencia

Al parecer, Uber se ha cansado de quitarse de encima, como de costumbre, las acusaciones contra sus conductores y ha decidido recuperar algo de reputación, si es que le queda. El servicio ha anunciado controles de antecedentes más estrictos para los conductores actuales y potenciales. La medida responde directamente a recientes demandas judiciales en las que se acusa a Uber de hacer demasiado poco para prevenir las agresiones sexuales por parte de sus trabajadores.

En un comunicado reciente, Uber anuncia con entusiasmo que ampliará la lista de delitos que cierran para siempre el camino a trabajar como chófer. A partir de ahora, se podrá entrar en la lista negra no solo por delitos sexuales evidentes, sino también por acoso o estrangulamiento: la empresa sostiene que estas conductas «pueden ser precursoras de violencia futura». La decisión no es casual: en la elaboración de las recomendaciones participaron tanto expertos en la lucha contra la violencia doméstica como distintas organizaciones de derechos humanos.

Quienes disfrutan adornando su currículum deberían tomar nota: ahora se comprobará toda su vida adulta, y no solo los siete años anteriores (casi 99 años; por si alguno de los conductores resulta ser inmortal). Antes, Uber solicitaba informes de antecedentes penales correspondientes únicamente a los últimos siete años.

Curiosamente, las nuevas normas no afectarán a los conductores veteranos si no han recibido quejas graves y si sus «viejas meteduras de pata» no estaban relacionadas con delitos sexuales y ocurrieron hace más de 15 años. Está claro que Uber aún hace algunas concesiones a los esqueletos fósiles del armario.

El terreno estaba abonado para esta decisión: las investigaciones de The New York Times destaparon hace poco unas cifras desoladoras: las agresiones y la violencia son casi el pan de cada día en el sector del taxi, y las pasajeras son quienes más las sufren. En diciembre, los periodistas descubrieron que, pese a los filtros que había entonces, entre los conductores de Uber se habían colado personas condenadas por delitos graves. El caso de febrero echó más leña al fuego: tras la agresión a una pasajera, un tribunal declaró a Uber parcialmente responsable por no haber implantado funciones básicas de seguridad. La guinda: documentos internos revelaron que el viaje ya había sido señalado como peligroso, pero nadie se molestó en avisar ni a la víctima ni a la policía. El resultado: la empresa pagó millones, pero sufrió un perjuicio cientos de veces menor del que podría haber tenido que afrontar.