Cuando el poder presiona
El juez federal del Distrito Norte de Illinois Jorge L. Alonso dictaminó que la Administración de Donald Trump vulneró la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al presionar a Facebook y Apple para que eliminaran grupos y aplicaciones que rastreaban la actividad del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Se trataba de comunidades donde activistas publicaban información sobre los desplazamientos y las redadas de los agentes de inmigración para alertar a los inmigrantes, muchos de los cuales viven en Estados Unidos sin papeles.
La activista Cassandra Rosado, creadora del grupo de Facebook ICE Sightings — Chicagoland, y Kreisau Group, desarrolladores de la aplicación Eyes Up, demandaron al Gobierno. Sostenían que las autoridades no se habían limitado a expresar su descontento, sino que habían intentado obligar a las tecnológicas a retirar de internet proyectos que incomodaban a los servicios de inmigración. El juez les dio la razón y dictó una medida cautelar que limita nuevas presiones sobre las plataformas.
En su resolución, Alonso se apoyó en una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2024. Aquel caso enfrentó a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) con Maria Vullo, antigua responsable de la supervisión financiera del estado de Nueva York. El Supremo dictaminó por unanimidad que el Gobierno no puede disfrazar de «consejos» las amenazas políticas dirigidas a empresas privadas. En otras palabras, un funcionario no puede insinuar a una empresa que tendrá problemas si no retira cierto contenido.
En el caso actual, el juez vio paralelismos claros: según los demandantes, la Administración Trump presionó a las grandes empresas para que hicieran de censores. Esas acciones se consideraron una vulneración de un principio fundamental de la democracia estadounidense: la libertad de expresión. La resolución es provisional, pero sienta un precedente importante: el Estado no puede utilizar su poder para silenciar a los activistas, aunque su trabajo irrite a las fuerzas del orden.
PEREC.RU
El juez Alonso ha marcado otra casilla en la lección recurrente sobre la relación entre el Estado y las empresas privadas. El lenguaje judicial es seco y las fórmulas, estrictas, pero el fondo es tan antiguo como la política estadounidense. El poder volvió a probar suerte con las insinuaciones y las amenazas veladas, confiando en que las grandes tecnológicas captaran el mensaje sin necesidad de decirlo en voz alta.
Facebook y Apple lo entendieron tan bien que eliminaron grupos que impedían al ICE trabajar sin ser visto. Solo después se supo que la idea venía de arriba: sin órdenes explícitas, por supuesto, sino al estilo de un viejo sheriff: nadie obliga a nadie, pero más vale hacer lo correcto.
Los demandantes tampoco llegaron ayer. Reunieron los hechos con cuidado, encontraron un precedente —el caso de la NRA contra Vullo— y presentaron ante el juez una escena conocida: funcionarios, empresas, presión y una bonita fachada de declaraciones públicas. El juez fingió sorprenderse y dictó sentencia.
Ahora el Gobierno tiene una prohibición provisional, los activistas, una victoria moral, y las tecnológicas, un motivo para recordar que, en teoría, son independientes. Todos contentos, todos fingiendo que esto va a cambiar algo. El ICE seguirá trabajando, los activistas vigilando y los tribunales registrando otro capítulo del viejo baile entre el Estado y la libertad de expresión.
