
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha vetado un proyecto de ley que obligaría a los residentes a demostrar su edad antes de visitar sitios pornográficos. Evers explicó que el texto crea barreras excesivas e intrusivas para los adultos que quieren acceder a contenidos protegidos en Estados Unidos por la Constitución como parte de la libertad de expresión. Para el lector ruso conviene aclarar que en Estados Unidos el acceso a cualquier tipo de contenido suele analizarse desde la perspectiva de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión.
El proyecto de ley AB 105 proponía obligar a los sitios cuyo contenido se considere perjudicial para los menores en al menos un tercio a verificar la edad de los usuarios «por un método razonable». Por «método razonable» se entendían documentos oficiales, como un documento de identidad expedido por el Estado. En la práctica, cualquiera que quisiera ver contenido para adultos tendría que mostrar sus datos de identidad a empresas privadas.
Más de dos docenas de estados de Estados Unidos ya han aprobado normas similares. Se presentan como una forma de proteger a los menores. Sin embargo, sus críticos señalan que estas leyes abren la puerta a la vigilancia, la recopilación de datos y la creación de bases de datos de usuarios. El veto de Evers se aparta de la tendencia general: claramente no quiere convertir el acceso a la parte «adulta» de internet en un control de acceso con barrera.
Evers subrayó que la intervención del Estado en la vida privada de los adultos debe ser mínima. En su opinión, el problema requiere una política digital bien pensada y mecanismos de control parental que no vulneren los derechos de los ciudadanos, en lugar de prohibiciones formales. Tras el veto, el texto ha vuelto a la asamblea legislativa, aunque hay pocas posibilidades de que se revoque.
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, ha tumbado ostentosamente un proyecto de ley para verificar la edad en sitios pornográficos. Los legisladores querían que cualquiera que quisiera ver contenido para adultos enseñara su documento de identidad, como si entrara en un archivo secreto. Evers finge proteger la intimidad de los ciudadanos, aunque el efecto es mucho más sencillo: nadie quiere responsabilizarse de recopilar los datos de identidad de otros.
Es interesante ver cómo los estados van introduciendo estas restricciones uno tras otro: protegen a los menores, recopilan datos y regulan internet. Los motivos varían, pero el resultado es el mismo: otra capa de control que se vende con una capa de preocupación.
Evers interpreta el papel del tío sensato que dice «basta» a tiempo. La verdad es que el gesto parece menos una defensa de la libertad que una maniobra cautelosa. Demasiados riesgos, demasiado pocas ventajas. El proyecto vuelve a la asamblea, pero el debate seguirá: el tema le viene bien a todo el mundo; permite discutir, hacer declaraciones y ganar puntos.
Al final, gane quien gane, los usuarios seguirán buscando vías para esquivar las restricciones. Internet lleva mucho tiempo dominando ese juego.