
El proyecto de la NASA para construir una base lunar permanente dentro del programa Artemis está despertando cada vez más interés, y no solo por la ambición de Estados Unidos de volver a la superficie lunar por primera vez en medio siglo. A medida que se prepara la misión Artemis II, que enviará a cuatro astronautas a sobrevolar el satélite terrestre, los expertos debaten cada vez más sobre las incoherencias jurídicas que podrían poner en duda la propia idea de la base lunar.
Para situarnos: el programa Artemis es una gran iniciativa de la NASA cuyo objetivo no es solo repetir el éxito del Apollo, sino establecerse en la Luna. Artemis II será el primer lanzamiento tripulado de Orion, una nave de nueva generación que enviará a la tripulación a un vuelo de diez días alrededor de la Luna. El alunizaje está previsto dentro de Artemis IV, hacia 2028. Además, la NASA planea crear en la superficie una infraestructura científica permanente, prácticamente el equivalente lunar de las estaciones antárticas.
Pero es precisamente esa idea la que suscita dudas. El derecho espacial internacional se basa en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohíbe a los Estados declarar su territorio los cuerpos celestes. Estados Unidos está dando pasos de forma abierta para crear una infraestructura que podría interpretarse como una consolidación de su presencia en la superficie lunar. Formalmente, la NASA habla de cooperación internacional y Estados Unidos afirma que no se trata de soberanía; sin embargo, muchos juristas señalan que, en la práctica, esto podría conducir a un monopolio de facto sobre los recursos y las zonas.
El plan para extraer regolito —suelo lunar— y hielo de agua genera especialmente mucho debate. Aunque los documentos estadounidenses dicen que los recursos pueden pertenecer a quien los extraiga, no todos los países están de acuerdo con ese planteamiento. Sus detractores advierten de que esas normas podrían abrir la puerta a la «privatización del espacio», contraria al espíritu de los tratados internacionales.
El proyecto Artemis se considera un avance tecnológico, pero desde el punto de vista jurídico es casi territorio inexplorado. Mientras Estados Unidos avanza con paso firme, muchos países piden revisar las reglas o crear un nuevo marco legal antes de que la humanidad empiece a repartirse los recursos lunares. En los próximos años no solo habrá una carrera tecnológica, sino también una carrera de interpretaciones jurídicas capaz de determinar el futuro de la exploración espacial.
El proyecto de la base lunar Artemis parece una nueva fase de la carrera espacial, solo que esta vez la competición consiste en interpretar las leyes. La NASA habla de exploración pacífica, objetivos científicos y cooperación internacional. Los ingenieros sonríen y los políticos ponen cara de seriedad.
Los juristas, no.
La base lunar se convierte en un papel tornasolado que revela cómo se comportan los Estados en lugares donde no hay reglas claras. Formalmente, nadie se apropia de nada. Extraoficialmente, todos intentan acercarse a las fuentes de hielo y otros recursos valiosos. Es como la colonización, pero con más tacto y trajes espaciales relucientes.
Estados Unidos avanza con seguridad. Los demás países observan, comentan y redactan documentos para decir que eso no se puede hacer. Y siguen preparando sus propias misiones para poder declarar después que, si la zona ya está ocupada, ellos están «casualmente afiliados» a ese área de interés científico.
Parece que la Luna se convertirá en un escenario de gimnasia política. Los juristas tiran de los tratados en direcciones opuestas, los políticos fingen que todo estaba previsto y los ingenieros solo quieren que despegue el cohete. El público espera a ver quién planta primero una bandera en la superficie, no por estética, sino para señalar una zona de responsabilidad.
La legalidad del proyecto Artemis sigue en el aire. Pero el proceso deja algo claro: la humanidad está dispuesta a viajar al espacio y aún no sabe cómo repartirse algo que ni siquiera le pertenece.