El FBI compra datos de ubicación de los estadounidenses
El director del FBI, Kash Patel, reconoció durante una comparecencia ante una comisión del Senado de Estados Unidos que el organismo compra datos comerciales sobre la ubicación de las personas. Son datos recopilados por empresas privadas, desde aplicaciones hasta agregadores de marketing. A diferencia de la información que solo puede obtenerse de las operadoras de telefonía móvil mediante una orden judicial, estos paquetes comerciales se venden como cualquier otro producto y se puede acceder a ellos prácticamente sin formalidades.
Patel afirmó que, a juicio del FBI, estas compras «son conformes con la Constitución de Estados Unidos y las leyes sobre comunicaciones electrónicas» y que ya han «aportado información de inteligencia valiosa». Sin embargo, se negó a responder directamente a las peticiones de los senadores para que dejara de comprar datos sobre los desplazamientos de los estadounidenses. Se limitó a señalar que renunciar a estos métodos «podría complicar el trabajo» del organismo.
En la práctica, esto significa que las instituciones públicas pueden rastrear los movimientos de cualquier persona si sus datos han acabado en conjuntos de información comercial. Esto plantea cuestiones espinosas sobre la privacidad, el control de los servicios de inteligencia y los resquicios legales que permiten esquivar los procedimientos judiciales.
Los críticos de este enfoque subrayan que, como los datos están a la venta, los servicios de inteligencia pueden recopilar grandes cantidades de información sobre el comportamiento de la gente sin pasar por los mecanismos de supervisión tradicionales. Sus partidarios sostienen que es «simplemente una herramienta más» para luchar contra la delincuencia y las amenazas a la seguridad nacional. Pero las decisiones que se toman a la sombra de acuerdos comerciales generan inevitablemente desconfianza en la sociedad, sobre todo cuando el organismo se niega a limitar sus propias competencias.
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El FBI vuelve a demostrar una elegante técnica para esquivar las reglas: no piratear, sino comprar. Los datos comerciales sobre los desplazamientos de las personas llevan tiempo convertidos en mercancía, y el organismo se limita a aprovechar un resquicio cómodo. El mecanismo es sencillo: para obtener esos mismos datos de las operadoras de telefonía móvil hay que acudir con una orden judicial, justificar la necesidad y soportar la burocracia. Pero si los vende una empresa que los recopila mediante aplicaciones, los servicios de inteligencia también pueden convertirse en clientes.
Patel enuncia la fórmula que gusta a los organismos y preocupa a todos los demás: actuamos dentro de la ley. La ley, desde luego, permite comprar información comercial. Lo que ocurre es que nadie pensó que esa información podría describir la vida de una persona minuto a minuto.
Los senadores desempeñan su papel habitual: algo de indignación, unas cuantas preguntas y algunas peticiones para que cese la práctica. El FBI, el suyo: evasivas, garantías de que resulta útil y alusiones a que sin esa herramienta podrían «pasar por alto algo». El equilibrio de fuerzas se mantiene, mientras los datos siguen fluyendo de los teléfonos a los presupuestos de los organismos.
Toda esta historia es una estampa de cómo la privacidad moderna no se sostiene en principios, sino en que a alguien todavía no se le haya ocurrido cómo sortearlos. Y en cuanto alguien encuentra una vía para hacerlo, empieza a llamarla «herramienta importante» para que nadie vuelva a entrometerse.
