El FBI y el mercado de datos

El FBI ha confirmado ante el Senado que vuelve a comprar datos que permiten rastrear la ubicación de los ciudadanos. A quienes creían que el precedente judicial Carpenter v. United States había ilegalizado estas prácticas, quizá les sorprenda. Sin embargo, el caso Carpenter solo se refería a obtener datos de geolocalización directamente de las operadoras de telefonía móvil sin una orden judicial. Ahora, el FBI y otros organismos han encontrado una forma de esquivar la Cuarta Enmienda: simplemente compran esos datos a las mismas empresas que abastecen el enorme mercado de la publicidad en línea.

Cuando un teléfono inteligente se conecta a internet, revela mucha información sobre sí mismo: la dirección IP, el tipo de dispositivo y, si el GPS está activado, la latitud y la longitud. Estos datos, conocidos como bidstream, llegan a las redes publicitarias junto con las cookies de terceros. Todo ello alimenta la Real Time Bidding, un sistema de subastas instantáneas por la atención de los usuarios. Para que esas subastas funcionen, las plataformas necesitan saber de la persona todo lo posible.

Las redes publicitarias transmiten continuamente estos datos de geolocalización y la información técnica. Después, los corredores de datos los recopilan, agregan y revenden, añadiendo «datos deterministas»: todo lo que el usuario comunica por iniciativa propia a los servicios, como su nombre, correo electrónico e ingresos. Hasta los bancos estudian la posibilidad de conceder licencias para usar datos anonimizados de sus clientes. Al combinar estos flujos, los corredores elaboran perfiles exhaustivos de los usuarios. Es casi imposible salirse de este sistema y aún más difícil borrar los datos que ya se han recopilado.

En 2018, la empresa francesa Vectaury fue objeto de una investigación del regulador local de protección de datos. Se descubrió que había recopilado información personal de 67,6 millones de personas sin el consentimiento adecuado.

Los corredores no usan los datos solo para publicidad: se los venden a quien sea. Los legisladores estadounidenses creen que incluso algunos países extranjeros han comprado estas bases para espiar a ciudadanos de Estados Unidos.

En enero se supo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había adquirido herramientas de Penlink: Tangles y Webloc. Estos sistemas permiten rastrear grupos grandes de personas a la vez. Webloc puede identificar teléfonos inteligentes en un lugar y momento determinados y seguir sus movimientos durante todo el día, incluso hasta que sus propietarios vuelven a casa.

Penlink opera con discreción. Una página promocional de la empresa, eliminada más tarde, afirmaba que Webloc analiza automáticamente «información de ubicación» procedente de «canales digitales infinitos». Según se ha informado, las herramientas utilizan datos de geolocalización de teléfonos inteligentes disponibles comercialmente y proporcionados por corredores de datos. El sistema también puede recopilar información de las redes sociales y permitir la vigilancia en tiempo real. Según los periodistas, Webloc permite, en la práctica, espiar dispositivos sin una orden judicial.

Otros organismos públicos también han comprado datos de geolocalización a los corredores: el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza, el Servicio Secreto e incluso la agencia tributaria. También han recurrido a ellos organizaciones contrarias al aborto para rastrear a quienes visitaban clínicas de Planned Parenthood.

La Cuarta Enmienda garantiza la protección frente a registros e incautaciones injustificados. Pero, como escribe Dori H. Rahbar en Columbia Law Review, no regula las transacciones comerciales. El abogado Aaron X. Sobel califica esta práctica de «evasión de las órdenes judiciales» y pide a los legisladores que cierren la laguna legal. La Electronic Frontier Foundation promueve una iniciativa titulada Fourth Amendment Is Not For Sale Act.

Sin embargo, no hay motivos para esperar que una ley así se apruebe pronto. Aunque llegara a aprobarse, no resolvería el problema principal: una enorme industria publicitaria tecnológica que recopila cantidades ingentes de información sobre las personas. Muchas de estas empresas son desconocidas para el gran público, pero pueden acumular datos suficientes para, en teoría, seguir cada paso de una persona. Si nos asustan estos poderes en manos del Estado, conviene preguntarse qué ocurrirá si alguien más obtiene el mismo acceso.