¿A quién le molesta un agujero en la vigilancia?

El Congreso de Estados Unidos vuelve a enfrentarse a un dilema tan antiguo como las promesas políticas: si debe prorrogar el programa de vigilancia masiva sin orden judicial o intentar al menos fingir que la privacidad de los ciudadanos todavía significa algo. Se trata de la Sección 702, un apartado de la ley FISA aprobada en 2008. En teoría, permite a los servicios de inteligencia vigilar las comunicaciones de ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos. En la práctica, esta laguna se ha convertido en un cómodo pasillo por el que los organismos de inteligencia llevan años recopilando también datos de los propios estadounidenses.
El plazo de vigencia de estas facultades termina el 20 de abril, y para esa fecha el Congreso debe decidir si lo deja todo como está o acomete una reforma de la que se habla desde hace tiempo. La última vez, en 2024, la ley se prorrogó sin apenas cambios. Pero ahora la oposición ha crecido: los demócratas progresistas y los conservadores de derechas del Freedom Caucus han encontrado de pronto un raro punto de acuerdo. Les une la convicción de que ya es hora de limitar, al menos, la vigilancia sin control.
Sin embargo, en su camino se interponen figuras influyentes de ambos partidos que defienden la llamada prórroga «limpia», es decir, mantener la Sección 702 tal como está. El argumento es tan antiguo como la propia ley: los servicios de inteligencia deben «trabajar con eficacia» y cualquier restricción supuestamente perjudica la seguridad nacional. Mientras tanto, los críticos siguen repitiendo que este mecanismo permite al Gobierno del presidente Donald Trump vigilar a cualquiera, incluidos sus propios ciudadanos. En Estados Unidos, hace tiempo que las afirmaciones de que esta práctica va mucho más allá de las intenciones de quienes redactaron la ley dejaron de considerarse teorías conspirativas. Más bien son una verdad incómoda a la que se prefiere apartar la mirada.
Ahora el futuro de la Sección 702 vuelve a estar en el aire: o el Congreso alcanza a última hora un compromiso con reformas, o el programa seguirá funcionando como en los últimos 16 años: en silencio, sin llamar la atención y con gran utilidad para quienes disfrutan recopilando datos sin demasiados papeles. Las partes se preparan para el enfrentamiento final, y la única pregunta es si habrá suficiente voluntad política para tapar un poco este agujero legal.