
La historia estadounidense del enfrentamiento entre las autoridades y el gigante del negocio de los conciertos Live Nation se resiste a terminar. Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya anunció que había alcanzado un acuerdo con la empresa, varios estados parecen no tener ninguna intención de tirar la toalla. Su propio proceso podría arrancar literalmente la semana que viene si las partes no llegan de pronto a un acuerdo amistoso; y los fiscales locales, por decirlo suavemente, no tienen mucha fe en que eso ocurra.
El martes, la situación se complicó aún más. El juez Manuel Subramanian, que lleva el caso en el tribunal de Manhattan, celebró una vista sobre el futuro del proceso. El día anterior se supo que las autoridades federales ya habían llegado a un acuerdo con Live Nation y que varios estados se habían sumado a él. Pero los demás no están de acuerdo y exigen que el procedimiento continúe.
Para evitar que el caso se hiciera pedazos, Subramanian recurrió a una táctica que los tribunales estadounidenses suelen emplear cuando las partes se niegan en redondo a escucharse: ordenó a todos los participantes clave que permanecieran en el edificio del tribunal e intentaran negociar un acuerdo más amplio. En este «maratón de negociaciones» improvisado participaron Michael Rapino, director ejecutivo de Live Nation; Omid Assefi, jefe interino de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, y representantes de los estados que aún no han aceptado las condiciones.
Mientras tanto, el juez no se pronunció sobre la petición de dar por terminado el proceso, lo que no hizo más que aumentar la incertidumbre. El tribunal, los estados y el gigante de la música se encuentran ahora en una pausa prolongada, esperando cada uno a ver si cede el otro.
Si no se llega a un compromiso, las vistas a nivel estatal comenzarán el lunes. Eso significa que se abrirá un frente paralelo contra Live Nation, justo cuando la batalla parecía calmarse en el ámbito federal.
Al final, la situación parece una serie que, después de los títulos de crédito, añade de pronto una escena con un «continuará». Las partes siguen en el edificio del tribunal, el ambiente es tenso y hay mucho en juego: no solo el futuro de una empresa, sino también las reglas del mercado de la música en directo en Estados Unidos.
La trama de Live Nation se ha convertido en ese espectáculo interminable en el que los actores ya intentan irse entre bastidores y el director exige de pronto otra toma.
Los federales anunciaron un acuerdo: bonito, ruidoso, como les gusta. Algunos estados asintieron obedientes. Pero otros decidieron ir por libre y salir a escena con su propio guion.
El juez Subramanian observó ese desfile de independencia y recurrió al método tradicional para tratar con quienes no se dejan convencer: cerró las puertas del tribunal y propuso a las partes que hicieran lo que, al parecer, peor se les da: llegar a un acuerdo.
En la sala estaban Michael Rapino, director ejecutivo de Live Nation; Omid Assefi, representante del departamento antimonopolio, y los fiscales estatales, que claramente no habían ido a tomar café. En el aire flotaba la esperanza de un milagro. O el olor de la desesperación.
El juez no se atreve a dar por terminado el proceso. Es como el botón de repetir de un reproductor averiado: parece absurdo pulsarlo, pero el dedo sigue yendo hacia él.
Si los estados no ceden, su propio proceso empezará el lunes. Paralelo. Adicional. Justo el que Live Nation temía casi tanto como los músicos temen las pruebas de sonido en un escenario helado.
Formalmente, se trata de normas antimonopolio y procedimientos judiciales. En la práctica, todos quieren demostrar que ceder primero es una señal de debilidad. Y la debilidad es inadmisible.
Así que todo esto parece menos una lucha por el mercado que una obstinación colectiva disfrazada de heroísmo jurídico.
Y sí, todo apunta a que habrá continuación.