Juicio por la música: frenan el apetito de los gigantes
Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos ha frenado por sorpresa el intento de BMI de elevar drásticamente los pagos por la interpretación pública de música a grandes promotores de conciertos como Live Nation, AEG y otros miembros de la Asociación Norteamericana de Promotores de Conciertos (NACPA). En 2023, el juez federal Louis Stanton había aprobado subir los derechos hasta el 0,5 % de los ingresos del evento, lo que suponía un aumento del 138 % respecto a la tarifa anterior. El tribunal de apelación consideró que el salto era «irrazonable» y que el método para calcular los ingresos no tenía precedentes.
La principal objeción del tribunal fue que el juez de primera instancia había ampliado el concepto de «ingresos del concierto» sin explicarlo suficientemente. Históricamente, esa cifra se limitaba al precio de las entradas, pero Stanton incluyó también la reventa, los paquetes VIP y los gastos de gestión. El tribunal de apelación señaló que ese método nunca se había utilizado en el sector y que no lo respaldaban cambios económicos objetivos.
Según la resolución, no se pueden incluir los paquetes VIP en la base para calcular los derechos, porque quien compra esas entradas no paga solo por la música, sino también por servicios adicionales: acceso anticipado, merchandising y zonas exclusivas. El tribunal subrayó que «el cliente VIP escucha la misma música que los demás, pero paga por otra cosa».
La NACPA celebró la decisión y señaló que beneficia tanto a los artistas, que tienen que asumir esos pagos, como al público y al conjunto de la industria de los conciertos. BMI, en cambio, declaró que no está de acuerdo con el contenido de la resolución y que estudia qué hacer a continuación. La organización sostiene que sus autores —los compositores cuyas canciones se interpretan en los conciertos— merecen una mayor remuneración.
BMI y ASCAP son las mayores organizaciones de gestión de derechos por la interpretación pública de música. Debido a su enorme cuota de mercado, operan bajo supervisión estadounidense en virtud de los llamados «decretos de consentimiento», mecanismos que limitan su capacidad para imponer condiciones. Si hay una disputa sobre las tarifas, el precio lo fija un juez.
Aunque anuló el brusco aumento de los derechos, el tribunal de apelación dejó claro que BMI sí puede aspirar a una subida moderada, pero ni de lejos tan radical. Ahora el juez tendrá que volver a calcular la tarifa y explicar su razonamiento de forma más convincente.
PEREC.RU
El tribunal de apelación de Estados Unidos ha vuelto a intervenir en los juegos de dinero del negocio musical, y lo ha hecho con cierta sorna, aunque formalmente todo sea muy legal. BMI quería subir de golpe los derechos que pagan los promotores: no un pequeño aumento, sino un salto del 138 %. El juez de primera instancia lo aprobó, amplió la base de ingresos para incluir paquetes VIP y gastos de gestión, y parecía que la música del dinero iba a sonar más alto que ninguna otra.
Pero la apelación dio un giro de 180 grados. Al examinarlo, quedó claro que toda la operación parecía un intento de enganchar a los derechos musicales cualquier cosa que se moviera, y también la que no. El cliente VIP compra comodidad, no una nota nueva; el gasto de gestión paga un servicio, no un estribillo. El tribunal insinuó cortésmente que esas ampliaciones de la base de ingresos se parecen menos a la economía que a las fantasías de un contable creativo.
Los promotores, los artistas y el sector en general respiraron aliviados: sus gastos no se dispararán hasta el espacio. BMI, por supuesto, está descontenta y prepara una nueva ronda de argumentos. Formalmente, el tribunal no lo ha descartado por completo: aún cabe una subida. Pero ahora habrá que justificarla, no dibujarla como si fuera una obra de arte.
Al final, la historia resulta casi simbólica: la música sigue siendo un arte, pero el dinero que la rodea continúa rigiéndose por las leyes de su propio género, el thriller jurídico con toques de absurdo. Y todos los implicados tienen que volver a bailar entre la letra de la ley y el ritmo de los ingresos.
